Una pesquera chubutense bajo la lupa: Despidos, solvencia y el vínculo con la pesca en Malvinas
La justificación invocada por la empresa luego de notificar los despidos se ampara en una supuesta "falta de capacidad o imposibilidad económica y cuestiones operativas" derivadas del cese de actividad que ocurre habitualmente entre las zafras de pesca en aguas nacionales y provinciales.
La llegada de los telegramas desencadenó protestas en el portón de acceso a la planta procesadora con quema de neumáticos y la inmediata solicitud de intervención a la Secretaría de Trabajo del Chubut, organismo que resolvió dictar la conciliación obligatoria para frenar el conflicto.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), los dirigentes gremiales rechazaron de plano la postura empresaria. Señalaron que las cesantías son "estrictamente sin justa causa" y remarcaron que el parate fuera de temporada responde a una decisión operativa de la propia firma y no a una falta de disposición de los empleados, quienes reclaman continuidad laboral durante todo el año.
La mirada legal: indemnización al 100% y riesgo empresario
Frente al argumento de "incapacidad financiera" expuesto por la pesquera, el abogado laboralista Nicolás Schick, matriculado en Chubut quien se encuentra asesorando a varios de los damnificados, remarcó en diálogo con Diario Crónica que las causas invocadas no tienen asidero legal para recortar o demorar los pagos indemnizatorios.
"Son 27 despidos notificados a través de telegramas sin justa causa. Lo que invoca la empresa es una imposibilidad económica y cuestiones operativas, pero existe un principio rector del derecho del trabajo que establece que el trabajador es ajeno al riesgo empresario. Cualquier situación comercial, operativa o de competencia que atraviese la firma no le es oponible al trabajador, por lo tanto, estos despidos deben pagarse al 100%", explicó Schick a nuestro equipo.
El letrado precisó que los despidos se focalizaron en personal de planta con una antigüedad igual o superior a los 5 años, en una fábrica que cuenta con una nómina total cercana a los 600 trabajadores. Asimismo, aclaró que no existe un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) abierto ni homologado que autorice a la empresa a liquidar montos reducidos.
"La empresa es solvente, tiene bienes y capacidad financiera para responder", enfatizó el abogado, advirtiendo sobre las maniobras habituales donde se presiona a los trabajadores desvinculados para firmar acuerdos a la baja en escribanías aprovechando su situación de necesidad. En ese sentido, recomendó la intimación y el reclamo individual para garantizar el cobro íntegro de los haberes e indemnizaciones de ley dentro de los plazos correspondientes.
El vínculo Malvinas
El conflicto en Puerto Madryn trasciende la discusión del convenio colectivo y se inserta en una problemática geopolítica y de soberanía nacional. Estrella Patagónica guarda vinculación directa con el grupo de capitales españoles Pescapuerta / Puertapesca, holding que opera activamente en la zona del Atlántico Sur.
Dicho grupo empresario figura en los registros de buques que extraen especies como calamar y merluza en la zona de exclusión de las Islas Malvinas, haciendo uso de licencias británicas consideradas ilegales e ilegítimas por la legislación argentina. Esta doble modalidad —explotar recursos en el área disputada bajo permisos de la administración colonial británica mientras se procesa materia prima y se opera en puertos continentales de Chubut— ha generado crecientes tensiones regulatorias y advertencias sobre la quita de permisos de pesca en jurisdicción nacional.
Sobre este punto, Schick coincidió en que el detonante de las cesantías no responde a un quebranto operativo real, sino a variables de índole política:
"Detrás de esto hay cuestiones más políticas que económicas. De acuerdo a las investigaciones sobre la empresa, no se dan ni las fallas operativas ni la imposibilidad económica invocadas. Da la impresión de que es una situación donde se prefiere dejar caer o contraer la operación local por presiones o decisiones de contexto político más que por una quiebra financiera".
Mientras corre el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral, los 27 operarios aguardan que se reviertan los telegramas o que se garantice el cumplimiento irrestricto de las obligaciones indemnizatorias fijadas por la Ley de Contrato de Trabajo.