“Es una locura”: Torres apelará la orden de comprar carne para los presos
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, profundizó sus cuestionamientos al fallo judicial que ordenó al Ejecutivo provincial garantizar la compra de carne roja para personas detenidas en dos establecimientos de Trelew. Confirmó que la Provincia apelará la resolución y anticipó que no cumplirá la medida en los términos dispuestos por el juez Marcelo Nieto Di Biase.
La controversia surgió a partir de un habeas corpus colectivo presentado en representación de los internos, luego de una serie de reclamos por la alimentación que reciben. En ese marco, la Justicia estableció un plazo de 72 horas para que el Ejecutivo avance con la adquisición de carne roja.
En una entrevista televisiva en TN, Torres sostuvo que la discusión excede el contenido de las viandas y planteó un fuerte cuestionamiento sobre las prioridades que, a su entender, debe establecer el Estado.
“Vamos a apelar, obviamente”, confirmó el mandatario. Luego consideró que la resolución representa “una falta de respeto hacia el Gobierno” y hacia los chubutenses, y cuestionó lo que definió como una “doctrina judicial garantista” que, según su postura, coloca a los detenidos en el lugar de víctimas.
“Hay 10.000 prioridades antes”
Torres puso el foco en la utilización de los recursos públicos y sostuvo que existen otras necesidades que deben ser atendidas antes que el planteo realizado por los internos.
“Si el Estado tiene que ejecutar el esfuerzo de todos los contribuyentes, hay 10.000 prioridades antes de que los presos coman asado”, afirmó durante la entrevista.
Consultado específicamente sobre qué hará la Provincia mientras avance la apelación, ratificó su posición. “Claramente no vamos a acatar la medida”, afirmó, y aseguró que instruyó al ministro de Seguridad para que revise el accionar de jueces en casos vinculados con personas privadas de su libertad.
El gobernador elevó todavía más el tono de sus críticas al afirmar que “es tan peligroso un juez garantista como los propios delincuentes”. Según planteó, el problema no se limita al fallo por la alimentación, sino que forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento de la Justicia y el tratamiento de las personas detenidas.
Torres aseguró que no existe un problema nutricional
Durante la entrevista también fue consultado sobre si el pedido de incorporar carne podía estar relacionado con alguna necesidad médica o nutricional de los detenidos.
Torres rechazó esa posibilidad. “No es un tema nutricional”, aseguró, y sostuvo que las personas privadas de su libertad reciben alimentación diariamente. Según su versión, el planteo apunta a modificar el menú que actualmente se les proporciona.
“La comida los presos la tienen todos los días como corresponde, lo que quieren es tener un menú particular”, manifestó. A su vez, aclaró que no cuestiona el derecho de los internos a realizar presentaciones judiciales, sino la decisión adoptada posteriormente por el magistrado.
Para el mandatario, el juez Nieto Di Biasse debe contemplar también las prioridades presupuestarias del Estado. “El dinero que se ejecuta es el esfuerzo de todos los contribuyentes”, señaló al fundamentar su rechazo a la resolución.
Volvió a apuntar contra el uso de celulares en las cárceles
Torres vinculó la polémica con otras disputas que su gestión mantuvo en torno a las condiciones de detención y la seguridad penitenciaria. Entre ellas mencionó la decisión de prohibir los teléfonos celulares dentro de las cárceles provinciales.
Recordó que la Provincia impulsó una ley para restringirlos y aseguró que posteriormente debieron enfrentar presentaciones judiciales que intentaron impedir su implementación. Según sostuvo, una vez aplicada la medida se produjo una reducción considerable de las estafas telefónicas y casos de sextorsión originados desde establecimientos penitenciarios.
También mencionó una investigación reciente vinculada con la Unidad 6 de Rawson, donde, según relató, fueron encontrados teléfonos ingresados de manera ilegal y se investigaron maniobras delictivas realizadas desde el interior del penal.
El conflicto seguirá ahora por la vía judicial
El Ejecutivo provincial avanzará con la apelación del fallo mientras mantiene públicamente su rechazo a la orden de incorporar carne roja a las viandas de los detenidos.
La resolución judicial había surgido luego de los reclamos por la calidad de la alimentación y estableció un plazo de 72 horas para que el Gobierno garantizara la compra destinada a las dos unidades de Trelew.
Torres, sin embargo, ratificó que la Provincia llevará la discusión a una instancia superior y convirtió el episodio en parte de un cuestionamiento más amplio hacia un sector del Poder Judicial y sus decisiones en materia penitenciaria.