Camino al Senado: ¿Qué cambiaría si se aprueba la modificación de la Zona Fría?

A 48 horas de una votación que culminó con un tablero de 132 votos afirmativos contra 105 negativos, los usuarios y los especialistas buscan comprender el impacto económico real que tendrá esta reforma tarifaria en las distintas regiones del territorio nacional. La iniciativa, impulsada por el oficialismo con el respaldo de bloques aliados y gobernadores, avanza ahora hacia el Senado con dos ejes centrales: el desmantelamiento del régimen de Zona Fría y una millonaria reestructuración de pasivos para las distribuidoras eléctricas.

El fin de la ampliación de la Zona Fría para el centro y norte del país

El cambio más inmediato que introduce el texto aprobado es la derogación completa de la ampliación del beneficio de Zona Fría establecida por ley en el año 2021. Este régimen, que originalmente nació tras la crisis de 2001 para amparar exclusivamente a la región patagónica debido a sus temperaturas extremas, se había extendido para incluir a más de tres millones de hogares ubicados en localidades de clima templado-frío fuera de la Patagonia.

Con la nueva normativa en marcha, los usuarios residenciales de gas por redes de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, La Rioja, Catamarca y Tucumán perderán el descuento del cincuenta por ciento en sus facturas y comenzarán a abonar la tarifa plena del servicio justo ante la llegada de la temporada invernal.

La redefinición del beneficio patagónico y el impacto en el cargo fijo

Una de las modificaciones técnicas más complejas del proyecto atañe de forma directa a las provincias del sur argentino. Aunque la Patagonia mantendrá formalmente su estatus de Zona Fría heredado de la normativa de 2001, la posible sanción en el Senado alteraría sustancialmente el método de cálculo del subsidio. Hasta el momento, el beneficio opera como un descuento lineal sobre el monto total facturado al usuario.

El nuevo texto legal restringe esta bonificación acotándola únicamente al cargo por consumo, es decir, a los metros cúbicos de gas efectivamente utilizados. Al quedar excluidos del beneficio el cargo fijo residencial y la totalidad de las tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales como el IVA, las boletas emitidas en las provincias del sur quedan a merced de un incremento automático e independiente del nivel de consumo del hogar.

Condonación de deudas al sector de distribución eléctrica

El proyecto con media sanción excede la regulación del mercado de gas e introduce una medida fiscal de alto impacto para el sector eléctrico mayorista. El articulado aprobado extingue formalmente las deudas acumuladas por las empresas distribuidoras de energía eléctrica con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, conocida como CAMMESA.

Este pasivo condonado por el Estado nacional asciende a un total de 1.800 millones de dólares y corresponde a los saldos no abonados por las compañías durante los últimos periodos de congelamiento y transición tarifaria. La confluencia de este beneficio financiero para las corporaciones eléctricas y el recorte de los subsidios energéticos para los usuarios residenciales se ha posicionado como el núcleo de la discusión técnica y política de la reforma.

Argumentos y voces 

La sesión reflejó las profundas diferencias de criterios económicos y sociales que conviven en el Congreso respecto a la readecuación de los servicios públicos. El debate formal quedó registrado en los discursos de los miembros informantes y de los principales referentes de las bancadas.

El diputado Facundo Correa Llano, de La Libertad Avanza, actuó como miembro informante por el dictamen de mayoría y explicó que “con este proyecto, estamos construyendo otro camino basado en el equilibrio fiscal, la inversión privada, con reglas claras, un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados".

Asimismo, defendió el nuevo esquema de asignación de recursos frente a las críticas de la oposición: "Focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, los hogares vulnerables”. El legislador oficialista añadió que "este proyecto no elimina el régimen de zona fría, corrige la expansión irresponsable que se dio en 2021. Para las zonas ampliadas determina un criterio socioeconómico en la asignación de los subsidios”. Finalmente, concluyó su exposición argumentando: “la diferencia es muy simple: antes, se subsidiaba indiscriminadamente, hoy, se subsidia a los que realmente lo necesitan”.

En la vereda opuesta, el diputado Juan Pablo Luque, de Unión por la Patria y miembro informante por el dictamen de minoría, rechazó la medida y consideró que la modificación de la ley implica “un retroceso para el federalismo". En ese mismo sentido, alertó sobre las consecuencias productivas en el interior de la Argentina: "Las provincias productoras de energía y gas serán las más perjudicadas con este proyecto de ley".

Por su parte, el diputado Nicolás Massot, en representación del bloque Encuentro Federal, analizó la falta de parámetros técnicos en el nuevo diseño del esquema energético y consideró que “no parece razonable que, si hablamos de subsidios asociados al frío o la temperatura, no haya un criterio para graduar el precio asociado a la temperatura”. Para finalizar su intervención, remarcó la postura de su espacio señalando que “es una oportunidad desperdiciada para darle a esto una salida más justa. Para nosotros es difícil acompañar esta medida”.

Desde el bloque del Frente de Izquierda, el diputado Néstor Pitrola cuestionó con dureza el impacto social de la votación y preguntó al resto de los legisladores: "¿Cómo vamos a votar para atacar el bolsillo de 3.400.000 familias a las que le van a sacar un subsidio?”. Para concluir, el diputado de la izquierda denunció la desprotección en la que quedarán tanto los hogares como el entramado productivo comercial: “Son familias trabajadoras, clase media, incluso va a haber un tarifazo a la mediana empresa, a la PYME, que va a quebrar a un montón de gente”.

La ingeniería política detrás del mapa de votación en el Congreso

La consolidación de los 132 votos afirmativos en la Cámara Baja requirió de una ingeniería política transversal que superó la base legislativa de La Libertad Avanza y el PRO. Para alcanzar la mayoría necesaria, el oficialismo sumó el respaldo orgánico de la Unión Cívica Radical y del bloque MID conducido por Oscar Zago.

Sin embargo, la viabilidad del proyecto se garantizó mediante el acompañamiento estratégico de las bancadas de Innovación Federal, cuyos diputados responden de manera directa a terminales ejecutivas provinciales. Asimismo, resultó determinante el aporte del Bloque Independencia, alineado con el gobierno de Tucumán, junto con los votos de los legisladores vinculados a las conducciones provinciales de San Juan, Neuquén y Santa Cruz, configurando un escenario donde el Senado de la Nación tendrá la responsabilidad definitiva de convalidar o rechazar estas modificaciones estructurales en los servicios públicos del país.