Tras 11 años prófugo, dictan prisión preventiva para el extraditado desde Chile

La fiscal Rafaella Riccono y el procurador de fiscalía Ismael Cerda expusieron formalmente la acusación pública, solicitando severas medidas de coerción para el imputado y de protección para la víctima.

La defensa solicitó que se realice una nueva declaración testimonial de la víctima y testimonios de familiares que contradicen la denuncia original radicada en el año 2014.

Ante este planteo, la Fiscalía se opuso firmemente. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) argumentaron que el acusado evadió a la justicia por más de una década y alertaron que hay indicios de coacción para modificar la versión de la víctima.

Tras escuchar a las partes, el juez decidió admitir la nueva evidencia aportada por la defensa, aunque manteniendo como prueba la Cámara Gesell original. Otorgó un plazo a la Fiscalía para que pueda producir y presentar nueva prueba que evalúe el contexto de estas declaraciones.

Finalmente, a pedido de la Fiscalía se dispuso la prisión preventiva del imputado. Cerda la había solicitado hasta la finalización del juicio, la defensa pidió la libertad y el juez resolvió de acuerdo al pedido de Fiscalía, estableciendo un plazo de cuatro meses, fundamentada en el evidente riesgo de fuga —atento a los once años que el imputado vivió oculto en el extranjero— y en la necesidad de proteger la integridad del proceso.

Medidas de protección: A pedido expreso de la fiscalía, el magistrado estableció estrictas prohibiciones de contacto entre el acusado y sus hijos, hacia la presunta víctima. El objetivo de esta restricción es asegurar que la joven pueda brindar su testimonio en el futuro juicio de manera libre y completamente despojada de presiones de su entorno.