Prefectura allanó mueblerías de REMAR en Caleta Olivia y Comodoro por presunta explotación laboral y trata de personas
Los operativos que llevó adelante la Prefectura Naval Argetina en el edificio ubicado sobre la calle Misionero Beauvoir, en la zona del barrio General Paz de la localidad de Caleta Olivia y también en la calle Ameghino al 1.500 del centro de Comodoro Rivadavia, comenzaron en la mañana de este miércoles, todos en simultáneo.
Fuentes vinculadas a la investigación, informaron que el operativo guardaría relación con denuncias por presunta explotación laboral y trata de personas en mueblerías de la ONG REMAR. La causa investiga las tareas asignadas a jóvenes de la institución, tales como la construcción de muebles artesanales y la solicitud de colaboraciones monetarias en la vía pública.
Se supo incluso que se realizaron procedimientos similares y simultáneos en las localidades de Pico Truncado y también en Las Heras.
En el marco de estas intervenciones en territorio santacruceño, se habrían detectado dos casos de trata de personas —mujeres— y el hallazgo de pequeñas dosis de estupefacientes, aunque por el momento no se registraron detenciones.
REMAR (Rehabilitación de Marginados) es una Organización No Gubernamental de carácter internacional, dedicada a la atención de personas afectadas por adicciones o en situación de calle a través de terapia ocupacional y ayuda espiritual.
ANTECEDENTES DE CAUSAS SIMILARES EN REMAR
Ya en julio de 2023 un megaoperativo coordinado por la Justicia Federal, incluyó 38 allanamientos simultáneos en seis provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se detectó serios indicios de explotación laboral y reducción a la servidumbre en sedes de la organización REMAR. La medida, dispuesta por el Juzgado Federal de San Luis, en aquella oportunidad alcanzó a establecimientos en San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Cristian Rachid junto a la fiscalía especializada PROTEX, contó con la participación también de fuerzas federales en aquel momento, como Gendarmería Nacional, Policía Federal y el Programa Nacional de Rescate.
De acuerdo al material informativo, se relevaron 498 personas acogidas en las sedes, sobre las cuales se verificaron múltiples indicadores de explotación. Las víctimas eran sometidas a jornadas extenuantes sin remuneración en rubros como albañilería, carpintería, ventas ambulantes y tareas de cosecha.
Incluso en varios casos se detectó hace tres años en esas sedes allanadas, menores de edad trasladados sin autorización y familias en situación de vulnerabilidad que no recibían la atención médica o psicológica adecuada, pese a encontrarse en supuestos procesos de rehabilitación de adicciones. Frente a ese panorama, el juez federal Juan Esteban Maqueda dispuso garantizar la continuidad del tratamiento de los pacientes y su reinserción, se designaron veedores de los gobiernos provinciales y de la Dirección Nacional de Salud Mental.