Iturrioz confirmó gestiones para el traspaso de camionetas de YPF para reforzar el patrullaje
El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó a Crónica que avanza el traspaso de camionetas pertenecientes a YPF que serán utilizadas para reforzar las tareas de prevención y patrullaje en Comodoro Rivadavia. La medida forma parte de las negociaciones vinculadas al proceso de remediación tras el traspaso de áreas petroleras.
Según explicó el funcionario, la compensación económica acordada entre la empresa, la Provincia y el Municipio permitió gestionar unidades que estarán destinadas al área de seguridad. “Si hay algo que nos demandan las asociaciones vecinales y los vecinos es la falta de patrullaje”, sostuvo.
En ese marco, Iturrioz cuestionó decisiones anteriores relacionadas con la compra de vehículos para la fuerza policial y aseguró que “se cometió un error estratégico” al adquirir automóviles con poca capacidad para circular en distintos sectores de la ciudad, especialmente en la zona alta.
El ministro indicó que el gobernador Ignacio Torres dio el visto bueno para solicitar las camionetas y destinarlas a un nuevo esquema preventivo. “Va a ser una combinación entre las jurisdicciones actuales y las cuadrículas que ya eran un reclamo de los vecinos”, señaló a nuestro equipo.
De acuerdo a lo informado, no todas las camionetas quedarán en Comodoro. Sin embargo, aclaró que la mayor parte de las unidades estarán destinadas a la ciudad por las dificultades geográficas y de circulación que presenta. Además, explicó que tendrán una identificación especial para que los vecinos puedan reconocerlas fácilmente.
Por otra parte, Iturrioz también defendió la continuidad del Comando Unificado y cuestionó las críticas políticas que surgieron en torno a su funcionamiento. Según afirmó, las objeciones “no fueron sobre la operatividad ni los resultados”, sino sobre cuestiones “más ególatras que operativas”.
En ese sentido, destacó el trabajo de la comisaria Roxana Correa, a cargo del Comando Unificado en Comodoro, y remarcó la colaboración de las fuerzas federales con la Policía provincial. También explicó que el operativo fue modificándose con el tiempo: en una primera etapa se realizaron controles de saturación junto a efectivos locales y actualmente las fuerzas ya trabajan con mayor autonomía gracias al conocimiento adquirido sobre los barrios y zonas conflictivas.
“El operativo ahora es mucho más útil”, aseguró, al destacar que las recorridas preventivas independientes permiten mejores resultados que los controles masivos aplicados en el inicio.
Durante la entrevista, el ministro también se refirió a una nueva reunión mantenida con integrantes de la Sociedad Rural y autoridades de Santa Cruz para analizar problemáticas vinculadas al abigeato y la comercialización clandestina de carne.
Allí apuntó duramente contra resoluciones judiciales que, según expresó, terminan beneficiando a personas involucradas en delitos rurales. Como ejemplo, relató un caso ocurrido en inmediaciones de la Ruta 26, donde la División de Seguridad Rural secuestró 18 ovinos presuntamente robados. Sin embargo, aseguró que el juez interviniente dejó los animales como depósito judicial a la misma persona que los trasladaba.
“Cuando fueron a pedir la devolución, aparentemente quedaban solo cinco ovejas”, cuestionó.
Iturrioz sostuvo que este tipo de decisiones también se replica en otros delitos urbanos. En ese contexto, mencionó el caso de un Fiat Uno blanco involucrado en distintos robos en Comodoro Rivadavia. Según explicó, pese a que el vehículo habría sido utilizado en al menos cinco hechos delictivos y se recuperaron elementos robados tras allanamientos, la Justicia no autorizó su secuestro definitivo.
“El artículo 23 del Código Penal dice que los elementos utilizados para cometer delitos deben ser decomisados”, remarcó, al tiempo que criticó que en la ciudad “se siga permitiendo utilizar esos vehículos”.
Finalmente, el ministro comparó la situación judicial de Comodoro con otras localidades de Chubut. Aseguró que anteriormente las dificultades también se registraban en Trelew, aunque afirmó que actualmente “el problema es más notorio en Comodoro”. En contraposición, destacó el funcionamiento del sistema judicial en Puerto Madryn, donde señaló que existe un trabajo coordinado entre fiscales y jueces, incluso con funcionarios dedicados exclusivamente a investigar casos de abigeato.
“Con el mismo Código Penal y el mismo Código Procesal se ven actuaciones totalmente distintas”, concluyó.