Adorni celebró el revés judicial contra el amparo por la Ley de Glaciares

El Gobierno nacional volvió a salir en defensa de la reforma de la Ley de Glaciares luego de que la Justicia revocara el amparo que frenaba su aplicación en la provincia de Santa Cruz. Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que la resolución judicial “reafirma la vigencia” de la normativa modificada por el Congreso y aseguró que el nuevo esquema permitirá avanzar con proyectos vinculados a la minería, el litio y el cobre.

La decisión judicial había dejado sin efecto la medida cautelar dictada días atrás por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, quien había suspendido temporalmente la aplicación de la reforma en Santa Cruz tras un amparo presentado por el Municipio y el Concejo Deliberante de El Calafate.

La nueva resolución habilitó nuevamente la implementación de la Ley 27.804, aprobada por el Congreso el 9 de abril con 137 votos afirmativos en Diputados y 40 en el Senado.

La defensa oficial de la reforma

En su exposición ante la prensa, Adorni afirmó que la modificación legal mantiene la protección de los glaciares y de las geoformas periglaciares con función hídrica, aunque incorpora criterios técnicos para permitir actividades productivas en zonas que antes quedaban alcanzadas por restricciones generales.

“Esta reforma protege a los glaciares y las geoformas del ambiente periglaciar que cumplen funciones hídricas”, sostuvo el funcionario.

Luego explicó que el nuevo esquema permitirá desarrollar actividades mineras “en función de rigurosas evaluaciones técnico-científicas” en sectores que, según dijo, “estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”.

Adorni también cuestionó la normativa original sancionada en 2010 y afirmó que su redacción generaba interpretaciones ambiguas que terminaban prohibiendo proyectos extractivos “en zonas donde no había nada que proteger”.

Según el jefe de Gabinete, esa situación afectaba la posibilidad de desarrollar inversiones en provincias con fuerte actividad minera.

El reclamo de las provincias mineras

Durante la conferencia, el funcionario vinculó la reforma con reclamos históricos impulsados por provincias integrantes de la llamada Mesa del Litio y la Mesa del Cobre.

En ese marco mencionó a Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza, y aseguró que la modificación “les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde” para administrar sus recursos naturales.

“Queda bajo responsabilidad de ellas identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”, afirmó.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema fortalece el rol provincial en la definición de áreas protegidas y habilita evaluaciones caso por caso para proyectos productivos.

La reforma aprobada por el Congreso otorga a las provincias mayor poder para determinar qué zonas periglaciares pueden habilitarse para actividades extractivas.

La apuesta económica del Gobierno

El oficialismo insiste en que la reforma puede convertirse en un fuerte impulso para el crecimiento económico y la llegada de inversiones vinculadas a la minería.

Adorni aseguró que el desarrollo de nuevos proyectos permitirá generar “más de 200 mil puestos de trabajo directos e indirectos” y sumar exportaciones superiores a “20 mil millones de dólares anuales”.

“Argentina va a convertirse en una potencia mundial minera”, aseguró el funcionario.

Las declaraciones se producen en medio de la estrategia del Gobierno de Javier Milei para atraer inversiones a través del SUPER RIGI y acelerar proyectos relacionados con litio, cobre y oro en distintas provincias cordilleranas.

Empresas del sector sostienen que no todos los ambientes periglaciares funcionan como reservas estratégicas de agua y que la evaluación específica de cada zona podría habilitar nuevos emprendimientos productivos.

Críticas a ambientalistas y referencia a Malvinas

En otro tramo de la conferencia, Adorni apuntó directamente contra organizaciones ambientalistas que impulsan acciones judiciales contra la reforma.

“Hay actores financiados por intereses foráneos que buscan judicializar la voluntad popular y democrática”, afirmó.

Luego agregó: “No vamos a ceder ante fuerzas extranjeras metiéndose en nuestro país para decidir el futuro de los argentinos”.

El funcionario también cuestionó el “silencio” de algunos sectores frente a proyectos vinculados a la exploración hidrocarburífera en el área de Malvinas.

En ese contexto mencionó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, a las que acusó de intentar explotar recursos argentinos en la Cuenca Malvinas Norte y en las Islas Malvinas.

“No vamos a dejar que organizaciones internacionales ambientalistas de intereses espurios pasen por encima de los derechos de todos los argentinos”, sostuvo.

El conflicto judicial continúa

Más allá del revés judicial en Santa Cruz, la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma sigue abierta.

El Gobierno de La Pampa presentó otro amparo colectivo cuestionando la norma y organizaciones ambientalistas impulsaron nuevas acciones judiciales a nivel nacional.

Los sectores que rechazan la reforma sostienen que la ley flexibiliza controles ambientales y reduce áreas protegidas vinculadas a reservas estratégicas de agua dulce.