Los Sastre entre la denuncia y la extorsión
Puerto Madryn atraviesa uno de los escenarios más delicados de los últimos tiempos, con causas judiciales en curso, denuncias cruzadas y episodios de violencia que involucran a actores políticos, empresariales y de seguridad.
En pocos días, se registraron allanamientos por extorsión, un ataque armado contra el exvicegobernador y una denuncia interna dentro de la Policía Federal que habla de presiones y posibles irregularidades.
Las investigaciones avanzan por carriles distintos, pero coinciden en un mismo contexto de alta tensión.
La causa por extorsión y los allanamientos
La investigación se originó a partir de una denuncia del intendente Gustavo Sastre, quien afirmó haber sido víctima de un intento de extorsión.
Según consta en la causa, le habrían exigido dinero bajo la amenaza de difundir denuncias anónimas. A partir de esa presentación, la Fiscalía impulsó medidas que derivaron en allanamientos realizados este miércoles.
Los procedimientos, autorizados por la jueza María Inés Bartels, alcanzaron a un ex integrante de la Policía Federal y a un empresario pesquero. La causa está a cargo de la fiscal Ivana Berazategui y se encuentra en plena etapa investigativa.
El ataque a Ricardo Sastre
En paralelo, el sábado por la tarde se produjo un hecho que elevó aún más la gravedad del escenario. El ex vicegobernador Ricardo Sastre denunció haber sido perseguido, embestido y amenazado con un arma por un hombre que luego fue detenido.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, el acusado —identificado como Federico “Pitranca” Caminoa— se presentó en una empresa vinculada al dirigente en estado de exaltación. Tras un intercambio, Sastre se retiró en su vehículo, momento en el que comenzó una persecución.
La secuencia terminó con un choque intencional y la exhibición de un elemento utilizado para intimidar. Parte del episodio fue registrado por cámaras de seguridad y presenciado por testigos.
El fiscal Jorge Bugueño imputó al detenido por amenazas agravadas y daños, mientras que la jueza María Alejandra Hernández dispuso prisión domiciliaria por 20 días. La investigación tiene un plazo inicial de seis meses.
Gustavo habló de una maniobra sostenida
En medio del avance de las causas, el intendente Gustavo Sastre vinculó los hechos con una estrategia más amplia y denunció la existencia de un mecanismo sistemático de presión.
“Primero inventaban la denuncia, después intentaban cobrar para no difundirla. Me pidieron mucho dinero a través de chats y llamadas para que esas supuestas denuncias queden cajoneadas”, afirmó en una rueda de prensa.
El jefe comunal sostuvo que estos episodios “no son aislados” y los relacionó con operaciones políticas y circulación de información falsa. En ese sentido, señaló que existiría participación de sectores vinculados a la actividad pesquera.
“Cada vez que tomábamos decisiones importantes, aparecían estas operaciones”, remarcó, y agregó que la situación se intensificó cuando comenzó a mencionarse públicamente la posibilidad de una candidatura de su hermano.
Sastre también buscó despegar a la institución policial de las acusaciones y apuntó a responsabilidades individuales: “No apuntamos a una institución, sino a una persona en particular”.
Finalmente, ratificó su postura de avanzar judicialmente: “No nos van a condicionar. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.
La denuncia dentro de la Policía Federal
En este escenario, también se conoció la presentación de un inspector de la Policía Federal Argentina, quien denunció haber sido presionado por sus superiores tras recibir información sensible.
Según su relato, en diciembre tomó conocimiento de una carta anónima con acusaciones graves y decidió informarlo dentro de la estructura. Sin embargo, afirmó que se le indicó que no avanzara ni diera intervención a la Justicia.
El efectivo describió un contexto de temor y presión, en el que optó por no continuar con el procedimiento.
Un traslado bajo cuestionamiento
Semanas después, el inspector fue trasladado junto a su esposa a otra provincia mediante un memorando reservado, sin explicaciones formales.
En su denuncia, planteó que la medida no se corresponde con su legajo ni con su situación administrativa, y que no registra causas judiciales en su contra.
Investigaciones abiertas
Las distintas causas avanzan de manera independiente y bajo reserva. La Justicia trabaja sobre pruebas documentales, registros fílmicos y testimonios para determinar responsabilidades.
En ese marco, Puerto Madryn permanece bajo la atención de autoridades judiciales y políticas, con un escenario que sigue en desarrollo y con posibles nuevas medidas en el corto plazo.