2026-02-24

Lavado de dinero

La justicia ordenó 30 allanamientos en simultáneo por presunto "rulo financiero" de 500 millones de dólares en Sur Finanzas

La magistrada María Servini encabeza las actuaciones por maniobras que alcanzarían los USD 500 millones, involucrando a Ariel Vallejo y a la compañía Centro Integral de Inversiones.

 

El proceso judicial se orienta a una supuesta operatoria de "rulo financiero". Este mecanismo se basa en la adquisición de moneda extranjera a la cotización oficial, contando con el aval del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para su posterior comercialización en el mercado informal. De esta manera, se obtenía un rédito económico derivado de la diferencia entre las distintas cotizaciones del dólar.

Según la línea investigativa, este circuito financiero habría movilizado una cifra cercana a los USD 500 millones mediante una red compuesta por diversas firmas y casas de cambio. Actualmente, las autoridades analizan las declaraciones juradas que permitieron el ingreso al mercado oficial de cambios y el rumbo final que tomaron esas divisas en el sector blue.

Resultados de los operativos policiales

En el marco de los procedimientos, efectivos de la Policía Federal incautaron equipos de computación, teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento electrónico y documentación de carácter contable. El objetivo de la Justicia es reconstruir el seguimiento de las transacciones, precisar las solicitudes de dólares presentadas ante el BCRA y establecer fehacientemente el trayecto de los fondos.

Dentro de las propiedades inspeccionadas se encuentra la vivienda de Silvia Torrado, directora de la sociedad. Torrado mantendría un vínculo societario con la madre de Vallejo.

Contexto judicial y antecedentes del caso

La pesquisa en torno a Sur Finanzas no es un hecho fortuito, ya que otros tribunales federales se encuentran analizando maniobras de características similares relacionadas con el aprovechamiento del mercado oficial y la brecha cambiaria.

En esta causa específica, la jueza Servini busca confirmar si se conformó una organización estructurada para beneficiarse de la disparidad entre los tipos de cambio y definir las responsabilidades penales de cada participante. Por su parte, Vallejo ya cuenta con antecedentes de medidas legales en su contra; en una instancia previa, se le confiscó su teléfono personal, el cual está siendo peritado por una división técnica especializada.

Con información de BAE Negocios.
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