Chubut es la tercer provincia con récord histórico de inicios de juicios laborales

Durante el año 2025, en un contexto previo a la implementación de la reforma en materia de trabajo, la denominada industria del juicio operó con gran intensidad. El volumen de expedientes judiciales iniciados por incidentes o enfermedades en el entorno laboral experimentó un incremento del 6,4% en comparación con el periodo previo, estableciendo la cifra más elevada desde que se instauró el esquema vigente en 1996.

Bajo este panorama, el indicador que mide los pleitos legales se posicionó en 132,8 casos por cada 10.000 trabajadores con cobertura. Las jurisdicciones que encabezan la lista con mayor cantidad de procesos judiciales presentados por los asegurados son San Luis, Santa Fe, Chubut, Mendoza y Jujuy.

Esta elevada tasa de disputas en tribunales ha representado uno de los pilares fundamentales para impulsar la modificación de las leyes laborales. El objetivo principal es organizar el régimen de riesgos del trabajo y mermar el alcance de la litigiosidad. En este sentido, la inminente aprobación de un marco normativo renovado se presenta como la estructura necesaria para que las justicias de cada provincia apliquen reglas que detengan la propagación de reclamos carentes de control.

Argentina entre las naciones con más demandas del mundo

Los datos de 2025 ratifican al país como uno de los territorios con mayor judicialización en materia de empleo a nivel global. Actualmente, se contabilizan más de 350 presentaciones judiciales diarias, lo que representa un excedente superior al 2.200% respecto a los niveles de Chile y un 1.500% por encima de los registros de España.

Resulta contradictorio que, a pesar de que los índices de siniestralidad han bajado, los procesos legales continúen en ascenso. Aunque se constata una disminución en la cantidad de incidentes y decesos, los litigios no dejan de crecer. Desde que se puso en marcha el sistema de riesgos del trabajo en la nación, los accidentes han caído un 55% y las muertes operativas un 80%, lo que significa que se han preservado más de 19 mil vidas.

El análisis de la UART

Un informe realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) revela que, si bien la cobertura se ha extendido de manera notable con el paso del tiempo y el esquema cumple funciones de prevención y resguardo, los juicios se incrementan de forma desmedida.

Los expertos asocian este comportamiento al funcionamiento de las pericias médicas en el ámbito judicial y a los elevados importes que conllevan los pleitos. Frente a esto, las transformaciones legislativas buscan aminorar este fenómeno, mientras que sectores sindicales ponen en duda si estos cambios respetan los derechos ya obtenidos. “La Ley de Modernización Laboral es una nueva oportunidad para que las justicias provinciales cumplan con lo previsto en la norma”, expresaron con expectativas desde la UART.

Escenario de tensión institucional

La incorporación de 134.141 nuevas causas judiciales por riesgos del trabajo durante el último año profundiza la crisis del sistema, llevándolo a un estado de tirantez financiera. El 73% de las demandas se concentran en tres áreas: CABA, Buenos Aires y Santa Fe, donde reside el 61% de la fuerza laboral protegida. Esta disparidad territorial evidencia fallas estructurales en el procedimiento legal de ciertas regiones.

El foco de la litigiosidad considerada espuria se encuentra en las pericias médicas. A pesar de que la ley 27.348 instauró hace casi nueve años un método para profesionalizar esta etapa, la mayoría de las provincias aún no cumple con lo dispuesto.

En este contexto, el estudio resalta que Santa Fe inició en 2025 el proceso para integrar su Cuerpo Médico Forense y se espera que la Corte Suprema provincial nombre a tres peritos oficiales en breve. No obstante, Santa Fe y Jujuy mantienen un plazo de caducidad de dos años para iniciar acciones tras el paso por comisiones médicas, algo que es cuestionado por considerarse excesivo, dado que la instancia judicial es de revisión y no un reclamo nuevo.

Por otro lado, Mendoza aplica desde hace dos años un monitoreo sobre los peritos judiciales. Si bien solo abarca al 2% de los expedientes, el 90% de los informes revisados fueron ajustados hacia abajo. Esto demuestra que el sistema tradicional, donde los peritos perciben honorarios proporcionales al monto de la sentencia que ellos mismos ayudan a determinar, presenta falencias graves.

Con información de NA.