El exmandatario surcoreano Yoon Suk-yeol, sentenciado por insurrección
El Tribunal del Distrito Central de Seúl dictó este jueves la sentencia de cadena perpetua para el expresidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol. El exmandatario fue hallado culpable de cargos de insurrección vinculados a su declaración de ley marcial de emergencia.
La lectura del fallo fue transmitida en directo a la población a través de los medios locales. Los jueces determinaron que el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional fue el elemento central para encuadrar el accionar de Yoon Suk-yeol dentro del delito de insurrección.
El tribunal argumentó que la declaración de la ley marcial constituye un acto contra el orden democrático si transgrede la autoridad de la Asamblea Nacional. Según la resolución judicial, el expresidente intentó impedir que el Parlamento desempeñara sus funciones durante un periodo de tiempo considerable.
La justicia destacó que la medida fue ilegal e inconstitucional. Se remarcó que, al momento de la declaración, no existía un estado de guerra, incidentes de gravedad ni emergencias nacionales similares que justificaran el uso de tales atribuciones presidenciales.
El equipo del abogado independiente Cho Eun-suk, encargado de investigar la causa, había solicitado inicialmente la pena de muerte para el expresidente. Los cargos principales incluyeron la orquestación de una insurrección y el uso indebido de las fuerzas de seguridad.
La investigación confirmó que Yoon Suk-yeol movilizó tropas y efectivos policiales con el objetivo de obstaculizar la resolución legislativa que buscaba levantar la ley marcial. Estas acciones fueron calificadas como una violación directa a las normas constitucionales vigentes.
El exmandatario también fue acusado de intentar detener a referentes políticos de relevancia nacional. Entre los objetivos se encontraban los líderes de los principales partidos políticos y el propio presidente del Parlamento surcoreano.
Estas maniobras de detención formaban parte del plan para consolidar la medida de excepción y evitar la respuesta institucional del poder legislativo.