2026-01-29

Decisión en análisis en la Casa Rosada

El Gobierno nacional evalúa declarar la emergencia ígnea en la Cordillera por DNU

La Casa Rosada analiza declarar la Emergencia Ígnea mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para acelerar su implementación, en lugar de impulsar una ley en el Congreso. El Ejecutivo también evalúa reforzar las partidas presupuestarias contra incendios, en respuesta al reclamo de los gobernadores patagónicos. La definición se debatió en una reunión de la Mesa Política encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a días del inicio de las sesiones extraordinarias.

Frente al pedido de los mandatarios patagónicos, la Casa Rosada busca evitar el trámite legislativo y avanzar con un decreto que permita reasignar partidas presupuestarias destinadas a combatir los incendios.

Durante el mediodía de este jueves, la Mesa Política de la Casa Rosada llevó a cabo un encuentro en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La reunión, que tuvo una duración de una hora y media, se enfocó en coordinar la estrategia del oficialismo ante los próximos proyectos de ley en el Congreso y, fundamentalmente, en dar respuesta a la crisis por los focos de incendio en la región sur del país.

El camino del decreto de necesidad y urgencia

La postura consensuada por las autoridades nacionales es eludir el envío de un proyecto de ley al Parlamento. En su lugar, se optará por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea. Esta herramienta legal permitirá realizar modificaciones en el presupuesto y aumentar los montos destinados a la lucha contra el fuego.

Si bien los gobernadores de la Patagonia aguardan una oficialización inmediata, en el Ejecutivo nacional señalaron que aún se encuentran analizando qué partidas serán reasignadas y cuál será el alcance final de este refuerzo económico. Cabe recordar que el último antecedente de esta medida fue el Decreto 2/2023, establecido durante la presidencia de Alberto Fernández, el cual caducó el 13 de enero de 2024.

Funcionarios presentes en el debate

La actividad comenzó a las 12 y finalizó cerca de las 13.30. De la misma participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También se sumaron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, de forma virtual; Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado; e Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos.

La presencia de Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía, resultó clave en la mesa de diálogo, dado que su intervención es habitual cuando se tratan temas con impacto fiscal y financiero de relevancia.

Asistencia financiera y recursos para las provincias

Desde el ámbito gubernamental confirmaron que la ayuda a las jurisdicciones afectadas ya está en marcha. En este contexto, Chubut recibió la suma de $4.000 millones a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Asimismo, en las primeras horas de hoy se dio a conocer en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 de la cartera de Seguridad, dirigida por Alejandra Monteoliva. Mediante este documento se oficializó un incremento en el financiamiento para el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el territorio argentino.

Inversión en equipamiento y personal

La normativa estipula que las asociaciones de primer grado recibirán un total de $100.810.319.998,50, que se repartirán entre 1.062 entidades, otorgando $94.924.971,75 a cada una. Por otra parte, las federaciones provinciales (entidades de segundo grado) obtendrán $7.754.639.995,93. Esta medida fue ratificada el pasado martes, coincidiendo con el reclamo formal de los mandatarios provinciales.

La solicitud de los mandatarios regionales

El martes pasado, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) presentaron al Congreso el pedido de Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. La intención de los jefes provinciales era catalogar las áreas damnificadas como zona de desastre para obtener instrumentos excepcionales en la asistencia a las comunidades y la gestión de riesgos.

Se pudo saber que, aunque el Gobierno nacional sostiene que el pedido no fue el motivo principal de la decisión, reconocen que el uso del DNU intenta atenuar los cuestionamientos sobre la velocidad de respuesta ante la catástrofe ambiental. El objetivo actual es exhibir capacidad de gestión frente a una problemática que ha ganado gran peso en la agenda social.

Lee también: Gobernadores de la Patagonia exigen que el Congreso trate con urgencia la ley de Emergencia Ígnea

Con información de BAE Negocios.

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