Revelaciones
Causa Cuadernos: los empresarios brindaron los detalles de las presiones y el circuito de pagos ilegales
En el marco de la décima audiencia del juicio por los escritos de Oscar Centeno, el Tribunal Oral Número 7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio correspondiente al tramo denominado “La Camarita”. Durante una jornada de cuatro horas, se dieron a conocer 83 fojas que contienen los testimonios de diversos referentes del sector de la construcción, quienes detallaron el funcionamiento de un sistema de presiones y recaudación ilegal. Según la reconstrucción, los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg coincidieron en describir un escenario donde los aportes económicos eran una condición impuesta para operar.
Amenazas y entregas de dinero
Patricio Gerbi, presidente de COARCO, señaló que las exigencias comenzaron tras la firma de contratos de concesión vial. Según su relato, Claudio Uberti, entonces titular del OCCOVI, le comunicó a su socio que “por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias”. Gerbi denunció haber recibido amenazas directas como “te voy a hacer fundir” o “voy a ir por vos y por tu familia”, lo que derivó en entregas de entre 15.000 y 25.000 dólares en bares y confiterías.
Por su parte, Juan Chediak describió un sistema similar con exigencias atribuidas directamente al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”, recordó Chediak sobre una frase del exfuncionario. El empresario detalló que los pagos, de entre 100.000 y 250.000 pesos mensuales, se dejaban incluso en los baños del ministerio. Posteriormente, la recaudación se habría centralizado en Ernesto Clarens, quien advertía: “Si quieren trabajar van a tener que pagar. Acá se es amigo o enemigo”.
Estructura de cartelización y retornos
El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, expuso un mecanismo estructural vigente desde 2004. Wagner sostuvo que las empresas se reunían para definir ganadores de licitaciones y luego devolvían entre el 10 y el 20 por ciento del anticipo financiero como retorno político. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero”, afirmó, asumiendo que su función era garantizar que el adjudicado cumpliera con el pago.
Aldo Roggio también admitió pagos a Roberto Baratta, aunque sostuvo que fueron montos menores a los exigidos y realizados con fondos personales ante el temor a represalias. En tanto, Marcela Sztenberg (EQUIMAC) relató que su socio regresaba “asustado” de las reuniones donde le pedían “plata para la corona”. Tras negarse a continuar con los pagos, la firma enfrentó deudas, juicios y demoras que la dejaron en una situación crítica.
El rol de Vialidad Nacional y la acusación fiscal
En la lectura de la prueba, el fiscal Carlos Stornelli calificó a la Dirección Nacional de Vialidad como un engranaje clave para manejar listados de pagos prioritarios como herramienta de coacción. Según el fiscal, Wagner diagramó el sistema de recolección, mientras que Clarens se encargaba de la faz recaudatoria y el cambio de dinero en el mercado informal. Stornelli ubicó a Cristina Kirchner en “la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible” y a Julio De Vido como el organizador en el área de obra pública. El debate continuará el jueves a las 9:30 con la lectura de las últimas fojas de este tramo.
Con información de Agencia NA.