Juicio a las Juntas: a 40 años de la sentencia histórica en Argentina
El 9 de diciembre de 1985, Argentina marcó un hito en la historia judicial con la sentencia del Juicio a las Juntas, proceso que culminó con la condena a los responsables de la última dictadura militar (1976-1983).
El fiscal de la causa fue Julio Strassera, quien contó con la asistencia de Luis Moreno Ocampo. La sentencia emitida por el tribunal, integrado por León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D´Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, estableció un precedente legal que trascendió las fronteras nacionales, siendo equiparado en importancia a los Juicios de Núremberg.
El presidente Alfonsín, a los cinco días de asumir su mandato, había sancionado el Decreto N.º 158/83 que ordenaba el juzgamiento de nueve militares de las tres Fuerzas Armadas. Estos fueron Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
El inicio del juicio, aunque demorado, se concretó con el respaldo de víctimas sobrevivientes de secuestros y torturas, así como de organismos de derechos humanos como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y diversas fuerzas políticas que reclamaban justicia por los crímenes de lesa humanidad.
La sentencia dictaminó reclusión perpetua con destitución para Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Roberto Eduardo Viola recibió 17 años de prisión, Armando Lambruschini 8 años, y Orlando Ramón Agosti 4 años y 6 meses. Por otra parte, Leopoldo Fortunato Galtieri, Omar Graffigna, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya resultaron absueltos.
El tribunal fundamentó sus decisiones al considerar que las Juntas Militares, que ejercieron el poder durante el período dictatorial, habían orquestado un “sistema represivo ilegal”. Dicho sistema se caracterizó por un gran número de delitos que incluyeron privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.
Asimismo, la sentencia ordenó que se enjuiciara a todos aquellos que tuvieron responsabilidades en las acciones criminales probadas mediante las declaraciones de decenas de testigos.