Se sigue dilatando las causa contra los exfuncionarios de Maderna

Una vez más, se demoró la apertura de investigación de la causa “Pollos Papel”, que involucra a exfuncionarios de Adrián Maderna, en medio de impugnaciones presentadas por la Defensa Pública y una serie compromisos impostergables de los abogados de los comerciantes, Alfredo Pérez Galimberti y Fabián Gabalachis, quienes presentaron sus excusas ante el juez Marcelo Nieto de Biase.

La causa se inició por una denuncia del intendente Gerardo Merino contra la gestión municipal anterior. La fiscal Julieta Gamarra busca desentrañar una operatoria por la cual habrían simulado compras de pollo y carnes por 169 millones de pesos. La defensa, en cambio, aduce que la mercadería llegó a las personas que más lo necesitaban y no hay ningún fraude.

Es la décima vez que ocurre un imponderable que hace que no pueda completarse la audiencia de apertura de investigación. El abogado defensor, Alfredo Pérez Galimberti, señaló que debía asistir a una operación de muela programada para las 13.30 horas, y considerando que previamente tuvieron que resolver impugnaciones en otra audiencia, no iban a llegar con los tiempos para exponer el caso como debieran.

Sumado a esto, tanto Pérez Galimberti como Fabián Gabalachis, el otro defensor particular, avisaron que estarán abocados a un juicio por jurados que se realizará la semana que viene en Lago Puelo, razón por la cual no podrán estar. El juez Marcelo Nieto Di Biase entendió las excusas presentadas y decidió desdoblar la audiencia para continuarla recién los primeros días de noviembre.

Este viernes, a las 9 horas, cuando todo estaba dado para iniciar la apertura, los jueces Gustavo Castro y Mirta Moreno, primero tuvieron que resolver impugnaciones que la Defensa Pública presentó contra una decisión del juez Marcelo Di Biase referida a la realización de nuevas pericias.

Los jueces, en poco más de una hora, ratificaron la decisión de Di Biase y convalidaron las escuchas telefónicas objetadas, que fueron extraídas con un novedoso sistema informático que no discrimina información.

Los defensores, Romina Rowland y Sergio Rey, cuestionaron que los peritos extrajeron de los celulares periciados de exfuncionarios de Maderna, información privada que no tenía nada que ver con el objeto de la investigación, que es la compra de pollos y carnes.

No obstante, la impugnación no prosperó al considerar los jueces que se trató de una continuidad de la pericia solicitada al comienzo de la investigación. En total hay 14 teléfonos periciados que fueron secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación de los pollos.

“Mecanismo corrupto”

La fiscal Juileta Gamarra había ido preparada para ventilar las escuchas e imágenes durante la audiencia, que hacen a la acusación. No obstante, al desdoblarse la cuestión probatoria, se limitó a leer el pedido de apertura de investigación con las imputaciones correspondientes.

Gamarra acusó a los secretarios de Hacienda, Marcelo Olivera, y de Desarrollo Social, Héctor Castillo, y también a Eliana Gómez, de los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y uso de documento falso.

Del mismo modo, acusó a los exfuncionarios Armando Catrimay y Cristina Siri  de uso de documento falso, administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público. Por su parte, sobre los comerciantes Elías Tellechea y Rainiero Frontini, son señalados por utilización de documento falso y como partícipes de administración fraudulenta.

El fiscal Lucas Papini, colaborador de Gamarra, describió la manera en que el MPF entiende que funcionaba este mecanismo “corrupto” en la administración de Maderna, por el cual retiraban pollos y carnes que –según ellos- no habrían llegado a destino.

Según Papini, crearon un programa de asistencia social, entre septiembre del 2022 y diciembre del 2024, por el cual se llevaban pollos de los locales de Frontini y carnes de los comercios de Elías Tellechea, donde tendrían una “cuenta corriente”, pasando por alto los debidos pasos administrativos.

El fiscal se refirió a miles de kilos de carne y cientos de cajones de pollos, que personas, empleados y funcionarios habrían retirado de los mismos comercios. Expuso que la mercadería no iba a parar al depósito de la Secretaría de Desarrollo Social, sino que salía directamente de las carnicerías y no se sabía dónde terminaba.

Papini sostuvo que los secretarios de Hacienda, Olivera y de Desarrollo Social, Ángel Castillo, al igual que los demás funcionarios, Eliana Gómez, Cristina Siri y Armando Catrimay, eran todas piezas necesarias para que se consumara esta operatoria.

“Los pollos sno son de papel”

Los defensores públicos, Romina Rowland y Sergio Rey, quienes representan a los exfuncionarios de Maderna, aseguraron que los pollos y las carnes llegaron a las personas que más lo necesitaban tal como estaba estipulado en el programa de ayuda social que está en la mira.

Rowland inició su exposición diciendo que “los pollos no son de papel” para dar cuenta de que “la mercadería efectivamente fue entregada”. En esa línea, dejó en claro que sus defendidos no cometieron ningún fraude y tampoco hubo perjuicio alguno al estado puesto que el alimento fue a las familias.

Frente a las acusaciones que señalan que los pollos y las carnes no fueron a parar al depósito de Desarrollo Social, Rowland replicó que allí no había cámaras de frío y era lógico que la mercadería debía ser despachada enseguida puesto si no se echaba a perder.

Además, hicieron la disquisición de que se trataba de pollos que no estaban congelados, por lo que no se podían mantener mucho tiempo en esos galpones sin heladeras.

Los defensores fueron más allá y se preguntaron que, si en todo caso pergeniaron un mecanismo fraudulento, “¿quién es el tercero, a quién se buscaba beneficiar?”. En ese caso pusieron en duda que solamente esos exfuncionarios participaran en la operatoria de la que se los acusa sin recibir órdenes de más arriba.

La misma Rowland, en la audiencia, mencionó el término “obediencia debida” poniendo la lupa en esta cadena de responsabilidades de la que habla el Ministerio Pública Fiscal y sin dejar de preguntarse por qué no hay más personas nombradas. “O hay pocos o faltan muchísimos”, insinuaron los defensores.

“Que diga la Fiscalía qué funcionarios iban a llevarse la mercadería”, indicaron los defensores que tampoco pasaron por alto que hubo una comisión de transición después de las elecciones de abril del 2023 ,entre que Maderna finalizó el mandato y Merino asumió el cargo en diciembre.

Por último, los abogados Fabián Gabalachis, quien patrocina a Tellechea, y Pérez Galimberti -representa a Frontini-, cuestionaron severamente el encuadre legal acusaciones de la Fiscalía. En principio, plantearon que no se les puede endilgar a sus defendidos qué fue lo que hizo la Municipalidad con los pollos y las carnes que le vendieron.

Mencionaron que, en efecto, los comerciantes lo que buscaban era cobrar la mercadería que le vendieron a la Municipalidad. Ponderaron que, incluso, en uno de los casos, la gestión de Maderna quedó debiéndoles dinero por 800 cajones de pollo, que los entregaron y no se lo pagaron.

Al respecto, Gabalachis consignó que la mercadería se entregó, y la mercadería se cobró después de haber sido entregada a precio de mercado. Pérez Galimberti se explayó sobre las corrientes políticas que entienden que el estado tiene que estar presente en la ayuda social, y no perdió la oportunidad de cuestionar al presidente Javier Milei, como ejemplo de aquellos modelos que postulan todo lo contrario.