La Federación Económica de Santa Cruz solicita declarar la Emergencia Comercial y PYME

La solicitud, respaldada por datos estadísticos alarmantes, busca habilitar un paquete de medidas paliativas urgentes para evitar un colapso socioeconómico generalizado, ante una crisis profunda y sistémica que ha llevado a la quiebra técnica a cientos de empresas históricas y al despido masivo de trabajadores.

Diagnóstico de una crisis sistémica sin precedentes
El informe presentado por la FESC detalla una combinación letal de factores que asfixian a las empresas formales:
•  Colapso del Consumo: Una caída en las ventas de entre el 35% y 57% según el rubro.
•  Asfixia Fiscal y Tarifaria: Incrementos superiores al 500% en energía eléctrica y gas, sumado a la distorsión del impuesto provincial de Ingresos Brutos.
•  Competencia Desleal: Crecimiento de un sector informal no regulado que opera sin controles tributarios, sanitarios ni laborales.
•  Falta de Crédito: Tasas de interés inaccesibles que superan el 150% anual.
•  Cierre de Empresas: Más de 150 comercios han cerrado solo en la ciudad de Río Gallegos en lo que va del 2025.
Datos clave del informe (EPAP 2025 – IPAE AGO/25- INDEC) confirman la emergencia:
•  El 32,6% de las empresas despidieron personal.
•  El 62,8% no pudo pagar el aguinaldo.
•  El 68,6% de las PYMES se endeudaron para pagar impuestos o servicios

Propuesta de medidas “urgentes e impostergables”
Ante este escenario crítico, la Federación solicita la rápida sanción de una ley de emergencia que habilite la implementación de un plan de salvataje basado en cuatro ejes centrales:
1.  Alivio Fiscal y Tarifario Inmediato: Suspensión por 12 meses del pago de Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos para MiPymes, moratoria amplia de deudas con quita de intereses, y un subsidio provincial directo para compensar las tarifas de energía.
2.  Lucha Contra la Informalidad: Control efectivo y aplicación estricta de la normativa a las ventas online y/o clandestinas.
3.  Protección Productiva y Laboral: Creación de líneas de crédito blandas provinciales (tasa 0%), un programa REPRO Provincial para subsidiar salarios, y la obligatoriedad de que el Estado compre al 50% a PYMES locales pagando en menos de 30 días.
4.  Protección Judicial Transitoria: Suspensión de embargos por deudas por 180 días para dar respiro a las empresas y permitir su reestructuración.

Un llamado a la acción concertada
Guillermo Polke, presidente de la entidad enfatizó que "la crisis que describe este informe es consecuencia de un modelo económico dependiente que hoy colapsa. El sector PYME y productivo es el sostén de la comunidad y no puede ser el ajuste de la crisis. Sin medidas concretas, urgentes y de fondo, se profundizará la recesión, se perderán miles de puestos de trabajo formales y se acelerará la migración de emprendedores y familias, con el consiguiente riesgo de fractura del entramado social provincial".
La institución confía en la comprensión de los Poderes del Estado de la gravedad del momento y se pone a disposición para trabajar de manera conjunta en la ejecución de este plan de rescate, esencial para la supervivencia de la economía formal santacruceña.