La Municipalidad de Trelew será querellante en la causa "Pollos de Papel"
La fiscal Julieta Gamarra, jefa de la Unidad Anticorrupción, presentará acusaciones contra cinco exfuncionarios y dos particulares. Entre los acusados se encuentran los exsecretarios de Hacienda y de Desarrollo Social de la gestión anterior, Marcelo Olivera y Ángel Castillo, respectivamente, así como otros funcionarios de menor rango y los dueños de dos carnicerías de la ciudad. A estos últimos se los investiga como “partícipes”.
El periodo investigado por la Fiscalía es entre finales del 2022 y el 2023, donde se habrían realizado compras de pollo y carne por más de 150 millones de pesos. La investigación, que comenzó con un expediente, ya suma diez expedientes adicionales, todos vinculados con los mismos sujetos y la misma actividad.
Los exfuncionarios municipales son señalados por presuntos delitos como defraudación, negociaciones incompatibles, falsificación y uso de documento público. Los delitos contra la corrupción en la administración pública prevén penas de entre uno y cinco años.
El secretario de Gobierno, Mario Romeo, explicó que la audiencia es “la formalización de la apertura de investigación respecto de una denuncia que hizo el intendente Merino apenas iniciada su gestión”. Además, confirmó que la Municipalidad “va a ser querellante en la causa para acompañar a la Fiscalía tanto en la actividad que tengan como en aportar pruebas en caso de ser necesario”.
El proceso judicial busca no solo la sanción penal de los responsables, sino también la recuperación de los bienes del Estado. La fiscal Gamarra buscará probar que hubo cuatro licitaciones "fraguidas" para simular la compra de carne y pollo que se destinaba a personas en situación de vulnerabilidad.
Según fuentes judiciales, la investigación cuenta con escuchas telefónicas que complicarían a los exfuncionarios. Además, se habrían detectado inconsistencias entre la mercadería retirada de los comercios y lo que figura en las licitaciones. La Fiscalía sostiene la hipótesis de que los funcionarios retiraban los productos y luego "armaban las licitaciones” para justificar los pagos.
Romeo destacó la importancia de la audiencia, señalando que “tiene que ver con bienes del Estado municipal y con alimentos para personas carenciadas. La sociedad debe saber qué se hizo con los recursos que el contribuyente puso”.