El Gobierno no sancionará a los agentes de Aduana por el caso de las valijas
Desde la Casa Rosada aseguran que no existió una orden directa para omitir los controles y que el procedimiento fue “discrecional”, como lo establece la normativa. En este marco, el Ejecutivo busca reducir el impacto mediático de la causa y sacar el tema de la agenda pública.
La investigación judicial, sin embargo, sigue su curso. El Juzgado Penal en lo Económico N°2 solicitó a la Dirección General de Aduanas (DGA) la identificación de los funcionarios que intervinieron en el ingreso y egreso del avión Bombardier matrícula N18RU. Entre ellos, figuran Cintia Cali, Fernando Carretoni y Omar Beltramino, además de cualquier otro agente presente en el hall de control de ARCA en el momento en que se habría indicado que no era necesario escanear las valijas.
También se pidió la identificación del personal de Migraciones y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que participó del procedimiento, así como los vehículos que se acercaron a la aeronave tras el aterrizaje. La Justicia busca determinar su titularidad, función, y las autorizaciones correspondientes.
El hecho que generó la investigación fue que las valijas de la pasajera Laura Belén Arrieta —gerente de operaciones corporativas de OCP TECH— y de los pilotos José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto no pasaron por los escáners. Los videos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mostraron que los funcionarios de Aduana habilitaron un carril especial sin controles.
El Gobierno admite que no se realizaron todos los controles de seguridad aeroportuaria habituales, pero insiste en que “no son obligatorios” y que “las valijas no pasan siempre por los escáners”. Esta versión contrasta con la narrativa oficial inicial de marzo, cuando se afirmaba que “se hicieron los controles de rutina”.
El presidente Javier Milei respaldó la actuación de los agentes y argumentó que el avión provenía de Estados Unidos, país que, según dijo, “hace todos los controles”.
El Ejecutivo reitera que colaborará con todos los requerimientos judiciales, pero evita profundizar el tema públicamente. La estrategia apunta a descomprimir el impacto político del caso y replicar el enfoque utilizado frente a otras investigaciones que involucraron al presidente, como las denuncias en torno a la criptomoneda Libra.
Redactado en base a información del periodista Ignacio Salerno para el medio TN.