Funcionarios bajo la lupa por falsificación de documentos públicos
Este viernes, en los juzgados penales de Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo la audiencia preliminar contra Fernando Vivas, exsubsecretario de Gestión Urbana de la Municipalidad de la ciudad. El funcionario está imputado por "falsedad ideológica de instrumento público, agravada por la comisión de funcionario público, en funciones", un delito que podría acarrear una pena inferior a los tres años de prisión e inhabilitación absoluta.
La acusación surge de un hecho ocurrido el 1 de agosto de 2019, cuando Vivas otorgó, de manera irregular, un certificado de Transportista de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a María Francisca Romero de Gómez, a pesar de que no cumplía con los requisitos establecidos por la Ordenanza Municipal N.º 11.638/14. En el documento, Vivas falseó información clave, como la titularidad de la firma "Chatarra Gómez" y la dirección de la empresa, además de falsear su inscripción en el registro correspondiente.
El fiscal sostuvo que Vivas actuó a sabiendas de que Romero de Gómez no cumplía con los requisitos para obtener el certificado. Esto sucedió luego de que Vivas negara arbitrariamente la renovación del certificado solicitado por Alfredo Javier Gómez, titular de un inmueble habilitado para la actividad y con todos los documentos en regla. En lugar de aprobar la solicitud de Gómez, Vivas benefició a Romero de Gómez con el certificado, lo que levantó sospechas de corrupción y arbitrariedad en su accionar.
Por su parte, la defensa de Vivas argumentó que no existió falsedad en el documento emitido y que el certificado otorgado a Romero de Gómez no requería habilitación comercial. La abogada defensora también insistió en que no hubo base para las acusaciones de falsedad ideológica.
Tras escuchar a ambas partes y revisar las pruebas presentadas, el juez penal Jorge Odorisio resolvió elevar la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal. Este caso ha captado gran atención en la ciudad, pues pone de manifiesto posibles irregularidades dentro de la gestión pública local, y se espera que el juicio arroje mayores detalles sobre la veracidad de las acusaciones.