Decisión judicial abre polémica sobre “puntos de vista” de los jueces
Durante el mediodía del martes, en una nueva audiencia, el tribunal revisor de Esquel otorgó el arresto domiciliario de los 5 imputados en la causa “Emergencia Climática I”, por pedido de las defensas, y con la oposición del fiscal, lo que abre interrogantes sobre la “lectura personal” de funcionarios actuantes sobre determinadas acciones jurídicas.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, los jueces revisores de Esquel, José Luis Ennis y Carlos Richeri, otorgaron la medida solicitada por la defensa, “sin fundar su resolución”, sostuvo el fiscal Olazabal quien, además, solicitó la nulidad de la resolución.
Precisamente, en la última audiencia realizada en Comodoro Rivadavia el lunes pasado y ante el reclamo de abogados defensores, la fiscalía solicitó se rechacen los pedidos de arresto domiciliario “ya que no han variado las condiciones por las que se les dictó la medida, y persiste el peligro de fuga”.
En esa audiencia de revisión de la prisión preventiva en el marco de la causa conocida como “Emergencia Climática I”, fueron los defensores de Abel Boyero, Roberto Monasterolo, Javier Morales, Hernán Lobos Rosas y Cristian Pérez habían solicitado el arresto domiciliario de sus asistidos y, en contraposición, el fiscal había requerido se rechacen dichos pedidos y se mantuviera la prisión preventiva.
De esa manera, el tribunal de juicio, integrado por los jueces Tedesco y Cosmaro, había resuelto el lunes rechazar los pedidos de arresto domiciliario y confirmar la prisión preventiva de los condenados, que se dictaminó semanas atrás y debe extenderse hasta el 6 de junio.
Sin embargo, durante la jornada del martes y en una nueva audiencia de revisión, dos jueces de Esquel decidieron otorgar la prisión domiciliaria del ex funcionario Abel Boyero y los empresarios Roberto Monasterolo, Javier Morales, Hernán Lobos Rosas y Cristian Pérez, todos quienes cumplían prisión preventiva en la localidad de Sarmiento.
Más allá de los diferentes pasos jurídicos, el tema instalará polémica ante los puntos de vista subjetivos de cada funcionario judicial que puede, con los mismos fundamentos -en realidad no se fundamentó la resolución de Esquel-, decidir de manera diferente pese a los pedidos de un fiscal.