Emergencia Climática: Pidieron 6 años de prisión para Boyero y Palomeque

A lo largo de toda la jornada de ayer, se concretaron los alegatos de pena de las partes en el juicio por la causa “Emergencia Climática I” en Comodoro. El daño patrimonial al Estado Municipal tiene un valor actual de 408.804 dólares, es decir 410 millones de pesos.

Así luego de producirse la prueba de la cesura y teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes de cada uno de los condenados, el fiscal solicitó la pena de 6 años de prisión para Boyero y Palomeque; 4 años y 10 meses para Sartori y Lara; 4 años y 4 meses para Van Heerden; de 5 años y 6 meses para Mansilla; de 5 años de prisión para Cristian Pérez; de 5 años y 6 meses para Monasterolo, de 5 años para Morales y de 5 años y 2 meses para Lobos Rosas, más la medida cautelar de inhibición general de bienes y costas del proceso para todos ellos. Considerando para todos como única atenuante la falta de antecedentes penales.

Entre las pautas mensurativas comunes el fiscal Olazabal consideró la naturaleza de la acción y extensión del daño causado por el delito de corrupción, como un atentado al sistema republicano de gobierno establecido en la Convención de las Naciones Unidas.

En la tormenta extra-tropical que destrozó la ciudad, hubo personas que ayudaron en solidaridad y hubo otros que aprovecharon para enriquecerse. En cuanto al daño patrimonial causado al Estado Municipal fue de gran magnitud, 408.804 dólares, al valor actual 410 millones de pesos.

Cabe recordar que el pasado 8 de julio el tribunal dio a conocer la parte dispositiva del fallo que “sobreseyó” a los imputados Gonzalo Pérez y Julián Astiz, “declarando parcialmente nula la acusación en su contra”; y asimismo declaró a Palomeque y Boyero penalmente responsables del delito de “estafa en perjuicio de la Administración Pública”.

En igual sentido, declararon responsables de fraude a Monasterolo, Morales, Cristian Pérez y Lobos Rosas, en cuanto a los inspectores Municipales Mansilla, Lara, Van Heerden y Sartori fueron penalmente responsables como partícipes de fraude a la Administración Pública y falsedad ideológica de instrumento público.