El municipio de Sarmiento no le renovó contrato a la Sociedad Cooperativa

Tras una decisión política que seguramente traerá consecuencias tanto entre las partes afectadas como por parte del usuario de energía eléctrica sarmientino, la Federación de Cooperativas lanzó una duro comunicado advirtiendo la situación por la no renovación del contrato de concesión del servicio eléctrico a la CoopSar.

Ante la situación, la FECHCOOP señala que “las Cooperativas asociadas a la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos ponemos de manifiesto la gran preocupación que generan los hechos acaecidos en la localidad de Sarmiento, donde el Poder Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Sebastián Balochi, de manera arbitraria decide por Resolución Nº 920/2023 publicada en el Boletín Oficial la no renovación del Contrato de Concesión del Servicio Eléctrico que lleva adelante la Cooperativa de Servicios Públicos de Sarmiento Ltda.

“Esta decisión unilateral pone de manifiesto una falta de responsabilidad del concedente en garantizar la prestación de un servicio tan esencial como el de la distribución de energía eléctrica, y volviéndose un ataque directo a una institución histórica de la ciudad, que pone en riesgo no sólo la estabilidad laboral de sus trabajadores, sino a la Sociedad Cooperativa en su conjunto, sociedad que pertenece a los socios de la localidad de Sarmiento, legítimos propietarios de la misma.

“Este hecho, lejos de ser aislado, es una afrenta más de parte del concedente hacia la Cooperativa, que la ha llevado a una situación de quebranto. Los supuestos incumplimientos que señala la resolución tuvieron y tienen su origen en las permanentes decisiones de la intendencia, incluso por sobre el Concejo Deliberante, de ahogar financieramente a Coopsar, no reconociendo una actualización tarifaria que garantice cubrir los mínimos gastos operativos en la prestación de un servicio público esencial como es la provisión de Energía Eléctrica”.

El documento denuncia que “la Asociada Coopsar tuvo que mantener la prestación de los servicios a costa de endeudarse, porque siempre puso por sobre el conflicto al usuario y su legítimo derecho de obtener calidad de vida mediante la contratación de un servicio indispensable para la vida y el desarrollo de la comunidad. Nos preguntamos cuál es el plan de la intendencia para brindar los servicios, acaso intereses privados o externos a la comunidad son los que buscan quedarse con el servicio. O acaso la intendencia de la localidad posee la capacidad de prestar los servicios con la calidad que lo hace la hoy prestataria, y a qué costo”.