Pedirán que se ejecute la sentencia para garantizar las clases presenciales

El martes en la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia, se desarrolló un encuentro por la problemática que se vive en esta ciudad ante la falta de clases presenciales en un importante número de establecimientos educativos.

El encuentro fue encabezado por la titular de la oficina, Valeria Coniglio, quien estuvo acompañada por Stella Armesto y Laura Cruz, también integrantes del organismo y participaron la jefa de la Defensa Pública, Iris Moreira; la asesora de Familia, Verónica Roldán; por el Consejo Municipal de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (CONAF) estuvieron Virginia Whitty, Liliana Murgas y Florencia González Pedroso; además de Padres Organizados, Padres de la Escuela Nº 746, por escrito Padres de la Escuela N º 115 y una representante del Centro de Estudiantes del Colegio Biología Marina.

“La verdad es sorprendente que estemos hace cuatro años con discontinuidad educativa y en un segundo año de pandemia que implica un cierto aprendizaje y en medio de un contexto epidemiológico que no refiere a tener escuelas cerradas” explicó Coniglio. Y continuó: “Tenemos secundarios que casi no han iniciado clases y un total de 23 escuelas con problemas edilicios. Uno se plantea si es un deja vú, y no, estamos hablando de lo mismo, con un amparo presentado y dos dictámenes o sentencias favorables”.



De esta manera, Coniglio comentó que “escuchamos a los padres y sobre todo a los estudiantes; esta situación genera falta de vinculación con el docente, desmotivación, la mediación del docente en el aprendizaje, estudiantes que hace cuatro años prácticamente no han ingresado a las aulas, hablamos de lo mismo y no deberíamos, entonces es exigirle al Estado que realmente garantice la educación pública, por eso una de las herramientas que tenemos con la Defensa Pública es instar a la ejecución de la sentencia para que garanticen finalmente el inicio de clases”.

En este punto, la titular de la Oficina de Derechos mencionó que hace dos meses mantuvieron un encuentro con la titular de la cartera educativa, Florencia Perata, quien les indicó que en un plazo de 90 días finalizarían reparaciones, pero el martes salió una nota donde nuevamente indicaba que se trataba de un plazo de 90 días; “se tiene que entender que hablamos del derecho humano a la educación, que los niños que son sujetos de derecho y en desarrollo y merecen una protección especial, esto dice la Convención Internacional y tiene jerarquía constitucional, esto implica que la respuesta del Estado tiene que estar acorde con esta exigencia” reclamó, y remarcó que el paso del tiempo aumenta el daño en los niños.

“Estamos generando condiciones para la exclusión, el impacto es concreto y tienen más riesgo de padecer violencia familiar, abusos, se observa un incremento de denuncias de este tipo y también con más frecuencia analfabetismo del primer ciclo, incluso en el secundario, problemas de lectoescritura” especificó Coniglio, y detalló que también en los niños hay mayor cantidad de problemas emocionales, depresión, angustia, obesidad, viéndose vulnerados el derecho a la salud integral, a la dignidad e integridad física y emocional, a la alimentación, incrementando pedidos de asistencia alimentaria.