El Gobierno dispone de 30 días para reglamentar la nueva Ley de Discapacidad
La iniciativa legal establece la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva y el trabajo registrado, siempre que los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Asimismo, ratifica la actualización automática de aranceles mediante el índice de movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura médica del programa federal Incluir Salud.
Incertidumbre por la reglamentación y los fondos
A pesar del respaldo en la Cámara alta, existen dudas sobre la efectividad del decreto reglamentario ante posibles trabas económicas encabezadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de preservar las cuentas públicas. Durante el debate legislativo, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió el proyecto e indicó que "la única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo".
Por otra parte, la ley contempla una cláusula transitoria que exige fijar un cronograma para saldar las compensaciones adeudadas a los prestadores del sector. Para garantizar la transparencia y evitar irregularidades, la normativa crea un sistema de auditorías periódicas cruzadas entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el RENAPER y el SINTyS, respetando el debido proceso inclusivo.