Discapacidad: alertan que la falta de políticas públicas frena la autonomía en la vida adulta
La transición hacia la vida adulta de las personas con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo enfrenta en Argentina un entramado de obstáculos estructurales, económicos y culturales. Así lo advierte el informe "Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina", elaborado por la Red de Asistencia Legal y Social (RALS).
A partir de entrevistas con protagonistas y sus entornos, el estudio concluye que la insuficiencia de políticas públicas traslada el peso de los cuidados exclusivamente al ámbito privado. De este modo, el ejercicio de derechos básicos queda supeditado al poder adquisitivo, el tipo de cobertura médica y el lugar de residencia de cada persona.
Prejuicios e infantilización
Uno de los ejes centrales del relevamiento es la persistencia de prácticas capacitistas que niegan la capacidad de decisión de los adultos con discapacidad. La infantilización se manifiesta tanto en el seno familiar como en instituciones y consultorios, donde terceros hablan en su nombre sin consultar sus preferencias.
“Yo soy una persona y entiendo. Me gustaría que mi mamá me deje ser un poco más libre. Que deje que yo elija lo que quiero hacer”, relató Ana, de 53 años, quien tiene discapacidad motora e intelectual. En la misma línea, Alejandro (26), con discapacidad motora y del habla, recordó un episodio de discriminación médica en el que un dermatólogo ignoró su presencia para dialogar únicamente con su acompañante.
La odisea por los asistentes personales y el espacio público
El acceso a la figura del asistente personal —clave para realizar tareas cotidianas sin sustituir la voluntad del individuo— carece de una regulación integral en el país. Según RALS, obtener esta prestación exige recorrer un laberinto burocrático frente a obras sociales y prepagas que muchas veces deriva en instancias judiciales. A ello se suma la falta de personal capacitado, los honorarios bajos y los severos retrasos en los pagos.
“En mi ciudad ni existen los asistentes personales. Además, si les pagan, les pagan dos mangos y en seis meses. ¿Qué le puedo exigir yo?”, cuestionó Pablo, de 34 años, residente del Noroeste argentino.
A la escasez de apoyos humanos se añaden las barreras urbanas y de transporte. Gabriela Bruno, activista de 49 años del Litoral, ilustró cómo el deterioro de la infraestructura limita la independencia: “Tengo el súper a dos cuadras, pero ir en silla de ruedas es una batalla imposible porque las veredas no te lo permiten. Todo el tiempo estoy negociando con alguien para poder vivir”. Estas restricciones también condicionan la vida social, afectiva y sexual, dimensiones frecuentemente invisibilizadas frente a las urgencias sanitarias.
Empleo e independencia económica
En el plano laboral, la falta de oportunidades inclusivas se combina con el temor a perder pensiones no contributivas por incompatibilidad con el empleo registrado. Esta desprotección empuja a muchas personas hacia la informalidad o las mantiene bajo la tutela financiera de sus familiares. “Me gustaría tener un trabajo fijo y poder manejar mi plata yo sola”, expresó Ana durante el estudio.
El desgaste de las familias y el rol de las mujeres
La ausencia de redes comunitarias provoca una sobrecarga severa en los hogares. Quienes cuidan no solo asisten en lo diario, sino que gestionan turnos, traslados, amparos y gastos no cubiertos. Eugenia, de 63 años, describió esta dinámica como la obligación de convertirse en “una especie de pulpo”.
El informe remarca que esta tarea recae mayoritariamente sobre las mujeres, quienes suelen postergar estudios, reducir jornadas o abandonar sus empleos, afectando su propia salud física y mental. Además, alerta sobre la incertidumbre que surge cuando los cuidadores envejecen: sin alternativas habitacionales de apoyo, la institucionalización aparece como el único destino posible.
De la supervivencia a la autonomía de derecho
Para revertir este escenario, RALS propone abandonar el modelo actual —al que define como de "autonomía de supervivencia"— para avanzar hacia una "autonomía de derecho".
Entre sus recomendaciones principales figuran crear un sistema integral de cuidados y apoyos con corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la comunidad; regular y jerarquizar laboralmente la figura del asistente personal en todo el territorio nacional. También el garantizar la accesibilidad urbana, promover alternativas de vivienda comunitaria y eliminar las incompatibilidades entre el trabajo formal y las prestaciones sociales.
Como síntesis, las autoras del documento subrayan un cambio de paradigma indispensable: ser autónomo no significa hacer todo sin ayuda, sino tener la libertad de decidir sobre la propia vida y contar con las herramientas estatales y sociales para concretarlo.