Centolla: Santa Cruz pidió suspender la aplicación de las cuotas en dos zonas y reclamó 355 toneladas de reserva social
Santa Cruz solicitó al Consejo Federal Pesquero (CFP) que suspenda la inscripción y aplicación del nuevo régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de centolla en las zonas CV y SIII, de jurisdicción provincial, hasta resolver su pedido de modificación. El planteo incluye una reserva para administración social de 245 toneladas en CV y 110 toneladas en SIII, un total de 355 toneladas.
La presentación quedó registrada en el Acta CFP N.º 31/2026 y apunta a revisar la aplicación de la Resolución CFP N.º 16/2026 en esas dos zonas. La provincia aclaró que su solicitud no alcanza a las asignaciones correspondientes a aguas nacionales ni a las demás provincias.
El representante santacruceño expresó su acuerdo general con un sistema de cuotas que pueda brindar previsibilidad y seguridad jurídica a las empresas y a los trabajadores. Sin embargo, remarcó que ese acompañamiento no supone aceptar la distribución aprobada para CV y SIII ni renunciar a las competencias provinciales.
También dejó asentado que la abstención de Santa Cruz durante el tratamiento de la resolución original no constituyó una conformidad expresa ni tácita con lo resuelto.
La provincia pidió mantener la aplicación de la Resolución CFP N.º 12/2018 en sus zonas y reservar los volúmenes reclamados bajo las reglas de administración de las CITC, que contemplan una Reserva Social y reconocen a cada jurisdicción la determinación del interés social. Solicitó, además, contemplar los ajustes anuales de la Captura Máxima Permisible (CMP), recalcular las asignaciones remanentes y dejar expresamente establecida su intervención en la administración anual.
Uno de los puntos observados es la base utilizada para distribuir el recurso en SIII. Según la presentación santacruceña, el Acta CFP N.º 27/2026 había comunicado una recomendación del INIDEP de 110 toneladas para la temporada 2026/2027, mientras que la memoria técnica empleada para la asignación habría tomado 100 toneladas.
Por esa diferencia, Santa Cruz reclamó revisar y corregir los antecedentes, los cálculos, la resolución y su anexo. También sostuvo que la inscripción de una cuota no reemplaza los permisos y habilitaciones exigibles en la jurisdicción provincial.
Pedidos de acceso a los antecedentes
En la misma reunión, el CFP recibió presentaciones de Pescatlántica Group S.A. y Wanchese Argentina S.R.L. para acceder a la documentación que sustentó la cuotificación.
Pescatlántica solicitó vista y copias de las actuaciones, formuló consideraciones sobre las competencias y los derechos de Santa Cruz y pidió suspender los plazos hasta que se le permita consultar la documentación.
Wanchese también requirió vista de la decisión adoptada en el Acta N.º 30/2026, de la Resolución N.º 16/2026 y de los antecedentes administrativos, junto con un listado de elementos adicionales. La empresa presentó, además, una ampliación de su pedido y solicitó la suspensión de plazos.
El Consejo decidió tratar ambas solicitudes de manera conjunta e instruyó a sus áreas técnicas para identificar qué documentos están en su poder y cuáles deben requerirse a otras autoridades. El objetivo es responder a las empresas en la próxima reunión. Ese apartado del acta no consigna que se haya concedido la suspensión de plazos solicitada.
Correcciones con dos votos en contra
Durante la sesión, el CFP también aprobó cambios en la Resolución N.º 16/2026, presentados por la Autoridad de Aplicación como correcciones de errores materiales.
En el artículo 4, referido al tope de concentración, se reemplazó la expresión “por cada zona” por “computado globalmente”. En el artículo 8, el plazo fijado hasta el 30 de diciembre de 2026 fue sustituido por uno de diez días desde la notificación.
Las modificaciones fueron aprobadas por mayoría mediante la Resolución CFP N.º 17/2026, con el voto negativo de Santa Cruz y Buenos Aires.
El representante santacruceño sostuvo que lo expuesto en el taller previo a la aprobación del régimen difería de la interpretación presentada sobre el tope de concentración. La Autoridad de Aplicación respondió que aquella exposición contemplaba el cómputo sobre el total de la CMP.
Por su parte, Buenos Aires cuestionó que una decisión de esta dimensión hubiera llegado a esa instancia con errores y reclamó un tratamiento previo y pleno de los informes, los documentos, el impacto del régimen y el propio texto normativo.
El pedido santacruceño de suspensión y reserva social quedó incorporado al acta, aunque el apartado correspondiente no registra una decisión del Consejo sobre esas solicitudes.