“El dueño de la historia soy yo”: los comprometedores audios de Lázaro Báez desde Ezeiza en la causa por lavado y narcotráfico
A pesar de estar purgando una pena unificada de 15 años de cárcel, Lázaro Báez habría seguido conduciendo sus emprendimientos desde el establecimiento penitenciario de Ezeiza. Un conjunto de intervenciones telefónicas sumadas a un expediente judicial en Río Gallegos dejó al descubierto la manera en que el empresario daba órdenes para gestionar inmuebles embargados, exigir cobros, pactar alquileres y coordinar transacciones mercantiles, incluso respecto de propiedades sujetas a disposiciones de decomiso.
Los pormenores de las grabaciones y de los elementos probatorios acumulados en el sumario fueron dados a conocer por la periodista Luciana Salinas en Clarín. Uno de los registros sonoros más reveladores documenta un altercado vinculado al arrendamiento de una propiedad embargada, instancia en la cual Báez reafirma su mando: “El dueño de la historia acá soy yo y, si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá”.
La causa, caratulada bajo el número 169831/26, resultó expuesta durante una audiencia frente a la fiscalía federal de Río Gallegos, conducida por Julio Zárate. La imputación plantea la existencia de una asociación ilícita orientada al lavado de dinero, manteniendo nexos con una banda dedicada al narcotráfico. En suma, se iniciaron investigaciones formales sobre 16 individuos y nueve de ellos recibieron prisión preventiva por el término de 180 días, figurando entre ellos Báez, su compañera Claudia Insaurralde y su colaborador Cristian Ibáñez.
Directivas desde Ezeiza y manejo de propiedades embargadas
Los diálogos telefónicos evidencian que Báez sostenía contacto fluido con Ibáñez, sindicado como uno de sus referentes operativos centrales en Río Gallegos, a quien denominaba “Budín”. Dentro de esa estructura, el empresario era referido como “el Tío”, en tanto que Insaurralde llevaba el mote de “la Tía”.
Desde el penal, Báez transmitía instrucciones referidas a la gestión de campos, la incorporación de empleados, los contratos locativos y las transacciones de compraventa de ganado. Asimismo, exigía el pago de acreencias y evaluaba mecanismos para recuperar capital. De acuerdo con las evidencias, empleaba tanto un aparato celular como el teléfono público del complejo carcelario para dialogar con sus allegados.
Una de las intervenciones deja en evidencia el recelo que sentía respecto de su propia pareja. “La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”, le previene a Ibáñez. En otro diálogo, le señala la forma de actuar en la gestión de la estancia La Entrerriana: “Que ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.
Otro de los registros más significativos tuvo lugar el 8 de octubre, oportunidad en la que Báez dialogó con un locatario de inmuebles ocupados por los laboratorios Trinidad, Cedimag y Prexa, en Río Gallegos. La finalidad consistía en rediscutir las cláusulas contractuales para percibir mayores sumas. “Acá hay una sola parte, y Claudia tiene una instrucción muy clara. Si no nos ponemos de acuerdo, terminémoslo de una vez por todas”, le manifestó a quien estaba del otro lado de la línea.
En el transcurso de ese intercambio, el empresario dejó sentado quién entendía que poseía la decisión final respecto de dichas propiedades: “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, afirmó.
Los elementos incautados en el marco de los procedimientos también apuntalan la presunción de que Báez continuaba dirigiendo las maniobras. Dentro de su celda se hallaron al menos 25 folios escritos a mano y un cuaderno Gloria conteniendo apuntes relativos a flujos de dinero, proveedores, letrados, cuentas bancarias y sujetos autorizados para percibir cobros. Figuraban además anotaciones sobre tácticas para recobrar dinero y menciones a negocios comerciales.
En las actuaciones judiciales consta, igualmente, que los contactos con el empresario se efectuaban a través de una línea telefónica a la cual quienes llamaban pedían comunicarse directamente con “Lázaro”. Se sumaron además constancias de ingresos de visita correspondientes a Insaurralde, Ibáñez y Diego Navarro, contador y colaborador procesado en el expediente.
La red bajo pesquisa abarcaba activos que ya se encontraban alcanzados por restricciones judiciales. Dentro de los bienes identificados figuran los establecimientos rurales Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, señalados para su decomiso en el expediente de la causa Vialidad. Se incluyen también propiedades urbanas en Río Gallegos y El Calafate, destinadas en parte a locaciones comerciales y prestaciones médicas.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que el grupo no requirió constituir nuevas firmas comerciales para volcar fondos ilícitos en el mercado legal, sino que habría empleado una estructura patrimonial ya existente, afectada por embargos, depósitos judiciales y sentencias firmes de decomiso. Dentro de las sociedades citadas figuran Austral Agro S.A. y Kank y Costilla S.A., sumado a maniobras relacionadas con rodados y supuestas enajenaciones clandestinas de galpones.
Según el planteo acusatorio, el movimiento financiero total adjudicado al círculo de Báez rondó los $390.880.000 en un período de ocho meses.
El nexo entre blanqueo de capitales y narcotráfico
El expediente revela también conexiones entre las operaciones financieras y una supuesta red orientada al tráfico de drogas. El juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez dio inicio formal a la pesquisa contra 16 sospechosos en el marco de dos causas vinculadas, una centrada en el narcotráfico y la restante en el lavado de activos.
Dentro de la arista vinculada a los estupefacientes, la Fiscalía imputó a diversos miembros del grupo la venta de cocaína y cannabis. Entre los episodios acreditados consta la supuesta comercialización de 66,43 gramos de cocaína, hallados durante un registro efectuado el 22 de diciembre de 2025; otros 439,88 gramos, incautados el 9 de abril de 2026, y un operativo del 10 de noviembre donde se decomisaron 1.305 gramos de cannabis y 725 gramos de cocaína, sustancias que los pesquisas estiman estaban listas para su distribución.
Simultáneamente, la vertiente financiera examina compras de rodados y giros de dinero que, conforme a la tesis de los fiscales, carecerían de respaldo en operaciones legales. A Ibáñez se le endilga, entre diversas transacciones, la adquisición de una camioneta Volkswagen Amarok valuada en $65 millones y una Ford F150 por $5 millones. Se analizan además desplazamientos de fondos ligados a otros sospechosos, incluyendo envíos de dinero a individuos conectados con un expediente en el cual se incautaron 36 kilos de cocaína.
Las plataformas de pago digital integran igualmente el plexo probatorio. Los fiscales comprobaron transferencias por sumas millonarias carentes de justificación económica en perfiles de Paula Bórquez, Juan Pablo Bórquez y demás imputados. A Valentina Devetac, puntualmente, se le adjudica la recepción de $9.670.000 enviados por Ibáñez mediante su cuenta de Mercado Pago en el lapso comprendido entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.
Claudia Insaurralde, compañera sentimental de Báez desde hace siete años, resultó igualmente imputada por su supuesta intervención en el manejo de activos y transacciones financieras. Fue arrestada en compañía de otros dos individuos en el aeropuerto internacional de Ezeiza, al aterrizar procedente de Río Gallegos. Las autoridades presumen que procuraban salir del territorio nacional.
Frente a la envergadura de las maniobras, el magistrado resolvió extender las medidas cautelares sobre los bienes bajo lupa. Las disposiciones abarcan secuestros e inhibiciones generales de bienes, inmovilización de fondos financieros, embargo de alquileres y nuevos requerimientos de informes societarios. Se dispusieron asimismo registros en campos para relevar y censar el stock ganadero.
Las figuras penales provisionales incluyen lavado de activos, asociación ilícita y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de tres o más individuos.
Las intervenciones telefónicas y la documentación incautada conforman un pilar esencial de la pesquisa: a criterio de los representantes del Ministerio Público Fiscal, posibilitan demostrar de qué modo un entramado societario y patrimonial que ya se hallaba bajo tutela judicial habría continuado funcionando mientras su líder cumplía condena en prisión.
Con información de La Opinión Austral - Grupo Crónica.