Judiciales
Despliegan allanamientos masivos en Santa Cruz y Buenos Aires por causas de narcotráfico y lavado de activos que salpican a Lázaro Báez
Un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y la Justicia Federal permitió concretar 27 allanamientos y diversas medidas en múltiples puntos de la provincia de Santa Cruz como así también en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de actuaciones incoadas por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos. Las diligencias, que se iniciaron el lunes 9 de noviembre y tuvieron continuidad durante el martes, fueron ordenadas por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, respondiendo a los requerimientos planteados por la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Las actuaciones judiciales se desarrollan en torno a dos expedientes interconectados entre sí, mediante los cuales se procura precisar la existencia de organizaciones delictivas orientadas al transporte y comercialización de sustancias estupefacientes y, de forma simultánea, a la gestión e inserción en el circuito financiero de bienes que tendrían una procedencia ilícita.
El aspecto de mayor trascendencia en el marco de la causa radica en que uno de los ejes de la investigación apunta hacia una supuesta organización conducida por el empresario Lázaro Báez, quien se encuentra actualmente privado de la libertad. De acuerdo con la premisa analizada por las autoridades, dicha estructura habría tenido como meta administrar, explotar y reinsertar en circulación activos que habrían sido sustraídos del proceso de ejecución de las condenas judiciales que pesan sobre el referente empresarial.
Transporte de estupefacientes y un lavadero en la mira
La primera de las investigaciones se focaliza en un presunto grupo criminal que habría empleado unidades de transporte pertenecientes a una firma de carga para trasladar cocaína. Según los datos brindados por la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC, estas maniobras habrían comenzado a ejecutarse, al menos, desde el mes de diciembre de 2025.
La postura vertida por la fiscalía sostiene que los camiones habrían sido incorporados a un esquema logístico enfocado en la movilización de la droga, aprovechando el desplazamiento habitual de las unidades afectadas a la actividad comercial de la empresa.
En esa línea funcional, los investigadores lograron individualizar a dos hombres que estarían a cargo de la distribución de la sustancia estupefaciente. Uno de los involucrados operaría un lavadero emplazado sobre la calle Spilimbergo, en la ciudad de Río Gallegos, predio que habría funcionado como punto estratégico para concretar las entregas.
Aquel establecimiento constituye uno de los puntos territoriales de mayor interés en el expediente, dado que allí se habrían perfeccionado las operaciones ligadas con el reparto de la droga. A partir de las pruebas recolectadas en ese tramo inicial, los representantes del Ministerio Público Fiscal abrieron una segunda línea indagatoria orientada a presuntas maniobras de blanqueo de capitales.
La vinculación con el empresario Lázaro Báez
La segunda causa judicial derivó de las investigaciones por narcotráfico y se centra en la eventual existencia de un entramado orientado a la administración, explotación y circulación de patrimonio de origen ilícito.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha estructura estaría encabezada por el empresario Lázaro Báez, actualmente detenido, y habría tenido por objeto sustraer determinados activos del alcance de las condenas impuestas por la Justicia. Los investigadores intentan esclarecer si existió un plan coordinado para mantener en explotación o bajo manejo comercial aquellos bienes que debían quedar sujetos a las consecuencias patrimoniales de los fallos judiciales.
La ejecución de estas presuntas maniobras habría demandado la intervención de diversos intermediarios con capacidad para operar en la gestión y desplazamiento de tales fondos, aspecto que se halla bajo análisis del fuero federal.
Un elemento relevante de las actuaciones refiere a la superposición de sospechosos entre ambas bandas. Según la información oficial, uno de los imputados en la causa por administración de bienes estaría señalado de forma simultánea como presunto líder de la banda de narcotráfico en territorio santacruceño.
Allanamientos operativos en Santa Cruz y Buenos Aires
Las medidas dispuestas por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez abarcó 27 allanamientos en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos agropecuarios de Santa Cruz y locaciones en Buenos Aires.
Las tareas demandaron el trabajo conjunto de efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, personal de la Prefectura Naval Argentina y miembros de la Gendarmería Nacional.
Durante los procedimientos realizados en inmobiliarias, propiedades particulares, incluida la residencia de Lázaro Báez en El Calafate, se secuestraron sustancias estupefacientes, documentación y vehículos vinculados a los investigados en ambos expedientes. Las autoridades secuestraron además diversos elementos de interés para el trámite de las causas.
El material incautado será peritado para determinar su alcance en las maniobras investigadas, resultando clave la documentación hallada para reconstruir las relaciones comerciales y personales entre los implicados. Las tareas contaron con la supervisión del ministro Pedro Prodromos, el titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento Daniel Barrientos, el superintendente de Policía Judicial e Investigación comisario general Daniel Carrillo y el jefe del Departamento de Investigación Zona Sur comisario general Luis Poblete.
Levantamiento del secreto bancario y medidas cautelares
Junto con los allanamientos, la Justicia trabó embargos y restricciones patrimoniales sobre los imputados para resguardar los bienes mientras avanza la causa.
A su vez, se decretó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, medida que facilitará a los investigadores el acceso a movimientos financieros, transacciones económicas y datos impositivos.
Tales requerimientos fueron cursados por los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco, con la intervención del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC.
Con información de La Opinión Austral. Grupo Crónica