Arrancaron las audiencias por Malvinas entre Argentina y el Reino Unido
La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la viabilidad del proyecto hidrocarburífero Sea Lion ingresó formalmente en una etapa decisiva.
Este martes comenzaron las audiencias orales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, donde ambas delegaciones presentan sus argumentos jurídicos sobre las medidas cautelares solicitadas por el gobierno argentino.
La iniciativa formal fue presentada por la administración de Javier Milei el pasado 13 de octubre mediante la invocación del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). En su presentación, la Argentina plantea cuatro requerimientos centrales: que el Reino Unido paralice de forma inmediata la exploración y explotación a través de Sea Lion, se abstenga de conceder nuevas licencias, preserve la totalidad de los datos técnicos obtenidos en las tareas previas y garantice la protección integral del medio marino.
Los argumentos fundamentados en el derecho internacional y la posición británica
Para sostener la solicitud, la delegación argentina apoyó su arquitectura legal en dos pilares históricos de la Organización de las Naciones Unidas: la Resolución 2065 de 1965, que reconoce formalmente la existencia de un litigio de soberanía, y la Resolución 31/49 de 1976, que insta a las partes a no adoptar modificaciones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. El jurista Marcelo Cohen remarcó ante el cuerpo de magistrados que la extracción de hidrocarburos en una zona bajo disputa territorial activa infringe de forma directa los principios de la legislación internacional.
Desde el aspecto ambiental y económico, el escrito argentino introduce una premisa de orden práctico de vital importancia: el petróleo constituye un recurso natural no renovable y su eventual extracción causaría un daño irreversible. De acuerdo con el planteo del país, ninguna sentencia o reparación monetaria posterior podría restituir los recursos ya extraídos del lecho marino. Además, la presentación ratifica que no se le exige al Tribunal que dirima la cuestión de fondo sobre la soberanía territorial, sino que disponga el congelamiento de las actividades extractivas mientras la causa principal se tramita en el foro correspondiente.
Por su parte, la representación británica, encabezada en el recinto por la fiscal general Ellie Reeves, enfoca su defensa en la falta de competencia del órgano internacional. Londres sostiene que el Tribunal del Mar carece de jurisdicción para expedirse sobre causas que comprometan la soberanía territorial de las islas. Asimismo, desde el Ministerio de Territorios de Ultramar británico se argumentó que el reclamo no invalida los permisos ya concedidos y se anunció la implementación de normativa secundaria basada en la Protection of Trading Interests Act de 1980 para resguardar a las firmas petroleras involucradas de posibles repercusiones judiciales.
El marco procesal y la instancia arbitral del Anexo VII
El procedimiento legal posee una complejidad técnica particular derivada del mecanismo de resolución de controversias de la Convemar. Como la Argentina optó en su momento por el TIDM y el Reino Unido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el fondo de la controversia deberá dirimirse obligatoriamente mediante un tribunal arbitral ad hoc constituido bajo el Anexo VII de la Convención. En este esquema, la intervención actual del TIDM se limita de manera exclusiva a evaluar y dictar —o no— medidas cautelares urgentes hasta que el tribunal arbitral se encuentre plenamente conformado.
Para resolver la concesión de estas medidas cautelares, los 21 magistrados del Tribunal deberán constatar el cumplimiento estricto de tres requisitos: que el tribunal arbitral del Anexo VII posea jurisdicción prima facie sobre el caso, que exista un escenario comprobable de urgencia y que el derecho invocado por la parte solicitante sea plenamente plausible. Dado que la jueza argentina permanente Frida Armas Pfirter se excusó de participar y el Reino Unido no cuenta con un miembro titular, ambas naciones designaron jueces ad hoc: Raúl Vinuesa por la representación argentina y Vaughan Lowe por la parte británica.
Plazos reglamentarios y los escenarios posibles para el dictamen
De acuerdo con los plazos previstos en el reglamento del organismo que preside el juez Maurice Kamga, el dictamen final sobre las medidas provisionales se daría a conocer aproximadamente un mes después de la solicitud inicial.
En el análisis del gobierno argentino se contemplan tres desenlaces posibles: una aceptación total del planteo que ordene el cese inmediato de las perforaciones en el yacimiento operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration; una resolución favorable de carácter parcial; o, en el escenario menos probable, la desestimación del pedido por falta de jurisdicción prima facie, lo que obligaría a trasladar el reclamo de cautelares directamente ante el futuro tribunal arbitral.