Deberá pagar $20 millones por fracturarle la mandíbula a otro marinero en el Puerto de Rawson
Un marinero vinculado a la actividad pesquera del Puerto de Rawson deberá pagar 20 millones de pesos por las lesiones que le provocó a otro trabajador durante una pelea ocurrida en marzo de 2024. El acuerdo judicial establece que el dinero se abonará en diez cuotas consecutivas, con la posibilidad de adelantar los pagos en función de la actividad laboral del imputado durante la próxima temporada de pesca.
La resolución fue homologada por la jueza de garantías Laura Martini, luego de que Diego Lillo aceptara, a través de su abogado defensor, Pablo Sánchez, la aplicación de la figura de suspensión de juicio a prueba, con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante.
La Fiscalía estuvo representada por el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill y la abogada Etelvina Medina, mientras que Diego Cruceño prestó conformidad con la propuesta en representación de la parte querellante, según informó el Ministerio Público Fiscal del Chubut.
Una agresión que lo dejó fuera de la temporada
El episodio se produjo en el Puerto de Rawson, donde dos hombres protagonizaron una pelea que terminó con un marinero oriundo de Puerto Madryn gravemente lesionado.
De acuerdo con la información judicial, durante el enfrentamiento, Lillo le propinó un golpe de puño en el rostro a la víctima, identificada por sus iniciales H.F. Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufrió fracturas en la mandíbula y en el arco ocular.
La gravedad de las lesiones tuvo consecuencias directas sobre su actividad laboral: el marinero no pudo continuar trabajando durante el resto de la temporada de pesca, en un sector donde los ingresos dependen, en buena medida, de la continuidad de las tareas a bordo.
Las condiciones que deberá cumplir
Además de la reparación económica, el imputado deberá respetar una serie de obligaciones durante dos años.
Entre ellas, no cometer nuevos delitos, presentarse ante la Oficina Judicial de Rawson y mantener una conducta adecuada. También deberá abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas y de consumir sustancias prohibidas.
El acuerdo contempla, además, la obligación de evitar encuentros con la víctima.
La suspensión de juicio a prueba implica que el proceso penal queda sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas judicialmente. Por lo tanto, no equivale a una condena penal.
La medida busca establecer una reparación por las consecuencias de la agresión y fijar pautas de conducta para el imputado durante el plazo dispuesto por la Justicia.