El Gobierno cede ante EE.UU. y aliados para lograr dictamen de la Ley Malvinas
En un giro político clave, el Gobierno nacional cedió ante las presiones diplomáticas de Estados Unidos y las exigencias de sus aliados en el Congreso para destrabar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido popularmente como Ley Malvinas. Tras incorporar múltiples modificaciones redactadas por bloques como el PRO, la UCR, el MID y sectores provinciales, un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores firmó el dictamen de mayoría, dejando el texto listo para ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo 12 de noviembre.
El texto original, diseñado por el asesor presidencial Santiago Caputo, atravesó intensas negociaciones coordinadas junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y referentes parlamentarios como la diputada Silvina Giudici. Sin el apoyo de los bloques aliados, el oficialismo no contaba con las firmas necesarias para dictaminar, lo que obligó a la Casa Rosada a ceder en varios frentes y flexibilizar el proyecto original.
Cambios clave en las sanciones a las petroleras
La principal modificación responde a la preocupación transmitida por la administración de Donald Trump y ratificada durante la reciente visita a la Argentina del subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Christopher Landau. El Gobierno de EE.UU. había manifestado su alarma ante la posibilidad de que las penalidades alcanzaran no solo a las firmas que operan de forma directa en las Islas Malvinas, sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores vinculados a proyectos como Sea Lion (impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas) en otros emprendimientos globales.
Ante este escenario, la redacción acordada limitó las sanciones únicamente a las empresas que operen ilegalmente de manera directa, como proveedoras o accionistas directas. Quedaron eximidas las filiales o accionistas sin participación relevante en las exploraciones. En cuanto al esquema punitivo, se fijaron multas de entre dos y cuatro veces el beneficio del proyecto u opciones de entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo cuando no se pueda determinar el monto, lo cual duplica la sanción económica contemplada originalmente.
Reestructuración del Consejo de Seguridad y mayores controles parlamentarios
Los ajustes consensuados también alcanzaron a los artículos dedicados al nuevo esquema de defensa y seguridad del país. En primer lugar, se aceptó la incorporación del Ministerio de Seguridad como miembro permanente del proyectado Consejo de Seguridad Nacional. Esta medida busca clarificar las funciones de cada organismo y evitar la superposición de roles entre las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y el propio Consejo, subsanando además una omisión del texto inicial que en los pasillos del Congreso se atribuyó a las tensiones políticas con la exministra Patricia Bullrich. De igual manera, para situaciones de crisis, se habilitó la presencia de miembros no permanentes, como los titulares de ambas cámaras del Congreso, los gobernadores provinciales y las autoridades de Seguridad Interior.
A la par de estos cambios, se estableció la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y control integrada por cuatro diputados y cuatro senadores designados a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la representatividad de cada fuerza. Este órgano parlamentario tendrá una función clave, ya que se dispuso que cualquier acción militar drástica —como el eventual derribo de aviones o el hundimiento de buques hostiles— requerirá obligatoriamente la autorización previa del Congreso, evitando así que una decisión de tal gravedad quede librada únicamente al criterio del Presidente o del ministro de Defensa. Asimismo, el texto dejó expresamente aclarado que el Consejo no podrá intervenir bajo ninguna circunstancia en asuntos de seguridad interior.
Finalmente, se afinó la definición técnica sobre las infraestructuras críticas, entendidas como aquellas instalaciones, redes, sistemas y servicios públicos o privados cuya interrupción afecte gravemente la seguridad, la economía o el funcionamiento del Estado, elevando sustancialmente las exigencias y requisitos para que las fuerzas de seguridad intervengan en su protección.
Resguardo explícito a la actividad periodística
Por último, el plenario modificó el controvertido artículo 111, el cual impone penas de 5 a 15 años de prisión para quienes realicen campañas coordinadas de desinformación masiva financiadas o dirigidas por Estados o agentes extranjeros. Atendiendo las advertencias de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sobre la ambigüedad de conceptos como "desinformación" o "manipulación de la opinión pública", los legisladores dejaron explícitamente exentas de estas penas a la actividad periodística, el trabajo académico, el debate público y las gestiones diplomáticas.
(Redactada con información de Clarín)