Universidades: el gasto cayó 25,3% desde 2023 y los salarios docentes, 24,2%
El Gobierno prevé destinar $6,2 billones a las universidades durante este año. Si bien la cifra representa una mejora real del 5% respecto de 2025, se mantiene por debajo de la inversión registrada en 2023. Para recuperar ese nivel de financiamiento, el gasto debería alcanzar los $8,3 billones.
En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una inversión de $7,5 billones, prácticamente sin cambios en términos reales respecto de 2026. Para igualar los recursos de 2023, serían necesarios $10 billones.
Durante los primeros nueve meses de 2026, el Ejecutivo ejecutó $4,2 billones en educación superior, equivalentes al 69% del presupuesto anual. En el caso de los hospitales universitarios, los fondos ejecutados hasta septiembre alcanzaron los $127.000 millones, por encima de los $114.000 millones previstos para todo el año.
Los salarios docentes, por debajo de los niveles de 2023
Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en septiembre de 2026 un docente auxiliar de primera con dedicación simple, nueve horas semanales y diez años de antigüedad percibió $421.236. Ese monto representa una caída real del 24,2% respecto de noviembre de 2023.
En junio, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron un aumento salarial del 24,3% para docentes y no docentes, distribuido en dos tramos: un 21,3% en junio y un 3% en octubre.
Sin embargo, para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de los salarios de acuerdo con la inflación acumulada desde noviembre de 2023, sería necesario un incremento adicional del 32%. De esta manera, el salario del cargo tomado como referencia llegaría a aproximadamente $556.000.
La disputa judicial por el financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada definitivamente por el Senado en agosto de 2025. Entre sus disposiciones, estableció mecanismos de actualización del presupuesto para el funcionamiento de las universidades y de los salarios docentes en función de la inflación acumulada desde fines de 2023.
En septiembre de ese año, el presidente Javier Milei vetó la norma al argumentar que no contemplaba las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar los aumentos previstos. Aunque la oposición rechazó el veto, el Ejecutivo dictó un decreto que suspendía la aplicación de la ley hasta que se definieran esos recursos.
A pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró la inconstitucionalidad del decreto, una decisión que fue apelada por el Gobierno.
Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la Justicia dictó una medida cautelar para exigir el cumplimiento de dos artículos vinculados con los salarios docentes y las becas estudiantiles. La resolución fue ratificada por la Corte Suprema.
Ante el incumplimiento de la medida, el juez federal Martín Cormick impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El conflicto por la aplicación de la ley continúa en el centro del reclamo de las universidades públicas, que exigen la actualización de los recursos y la recomposición salarial del sector.