Fentanilo en el Hospital de Rawson: siete entrevistas, una persona bajo investigación y documentación clave para esclarecer el caso

La causa por el presunto faltante de medicamentos de uso controlado en el Hospital Santa Teresita de Rawson sigue sumando medidas, aunque todavía está lejos de una definición. La investigación judicial busca reconstruir qué pasó con las ampollas denunciadas como faltantes, revisar los registros de administración y almacenamiento y determinar si existieron irregularidades en el circuito interno de los fármacos.

Hasta el momento, las actuaciones incluyen aproximadamente siete entrevistas, avances sobre una persona sindicada y pedidos de documentación al hospital y a la Secretaría de Salud de Chubut. Son elementos que forman parte de una investigación que todavía tiene diligencias pendientes y que, por ahora, no permitió establecer el destino de los medicamentos ni determinar responsabilidades penales.

El caso tiene un punto central: la denuncia por la presunta ausencia de 233 ampollas —213 de fentanilo y 20 de propofol— en el ámbito de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). La magnitud del número denunciado y las características de las sustancias colocaron bajo análisis los mecanismos de control de medicamentos que requieren registros estrictos dentro del sistema sanitario.

Pero hay una diferencia que atraviesa todo el expediente: mientras la denuncia dio origen a la investigación judicial, desde el área de Salud sostienen que las revisiones realizadas hasta ahora no permitieron detectar faltantes de fentanilo. Dos planteos que deberán contrastarse con la documentación y las pruebas que se incorporen a la causa.

Los registros, en el centro de la investigación

La investigación no se limita a determinar cuántas ampollas ingresaron al hospital o cuáles fueron distribuidas a Terapia Intensiva. El objetivo es reconstruir el recorrido de los medicamentos desde su adquisición y almacenamiento hasta su entrega, administración a pacientes y registro de utilización.

En ese proceso, cada documento puede resultar determinante. Los movimientos de stock, los números de lote, las constancias de entrega y los registros de aplicación permitirán establecer si las cantidades consignadas coinciden con las existencias y el consumo informado.

El fentanilo es un potente analgésico opioide utilizado en distintos procedimientos médicos, mientras que el propofol es un anestésico empleado, entre otros ámbitos, en intervenciones y cuidados intensivos. Ambos requieren un manejo profesional y controles acordes con sus características.

La denuncia apunta a una presunta falta de justificación en determinadas cantidades de estos medicamentos. Sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión judicial que confirme qué sucedió con las unidades señaladas ni que permita atribuir responsabilidades por su eventual desaparición.

Siete entrevistas y una persona sindicada

Entre los avances más recientes figuran las aproximadamente siete entrevistas realizadas durante la investigación. Los testimonios incorporados al expediente aportan información que deberá ser contrastada con los registros administrativos y el resto de las pruebas.

También se avanzó en la investigación de una persona sindicada, aunque por el momento no se informó una resolución que permita establecer su eventual responsabilidad penal.

En paralelo, la Justicia solicitó documentación al Hospital Santa Teresita y a las autoridades sanitarias provinciales. La información requerida apunta a reconstruir el circuito de los fármacos y establecer si existen diferencias entre las cantidades adquiridas, distribuidas, utilizadas y registradas.

Por ahora, la causa continúa en etapa de investigación. No se comunicó una determinación judicial sobre el destino de las ampollas denunciadas como faltantes ni una definición sobre posibles responsables.

Una causa que pasó por dos fueros

El expediente también tuvo un recorrido entre la Justicia provincial y la Federal, una situación que marcó su desarrollo.

En una primera etapa se evaluó la posibilidad de que el caso correspondiera al fuero federal, ante la naturaleza de los medicamentos involucrados y la hipótesis de una eventual desviación hacia un circuito ilegal.

La Fiscalía Federal intervino posteriormente, pero las actuaciones regresaron a la Justicia provincial. Según los antecedentes publicados, el fiscal federal Fernando Gélvez solicitó la devolución del expediente al considerar que todavía debían realizarse medidas básicas de investigación.

Tras ese recorrido, la causa quedó nuevamente en la órbita de la Fiscalía de Rawson, donde deben producirse las pruebas necesarias para avanzar hacia una explicación de lo ocurrido.

El paso de un fuero a otro no resolvió el interrogante principal: si efectivamente hubo un faltante, cómo se produjo y quiénes pudieron haber intervenido.

Salud sostiene que no encontró faltantes

Mientras la investigación judicial continúa, la Secretaría de Salud de Chubut mantiene una postura diferente respecto de los resultados de sus controles. El titular del área, Sergio Wisky, aseguró que la revisión de la documentación vinculada con el fentanilo no permitió detectar faltantes en el Hospital Santa Teresita.

El funcionario explicó que se volvieron a analizar los registros del circuito del medicamento y que se remitió información a la Justicia. Para reconstruir la trazabilidad, también se solicitaron informes al hospital y al sistema provincial de compras.

Según detalló, el relevamiento incluyó los números de lote, las cantidades de ampollas enviadas y la forma en que fueron utilizadas.

“Se pidió información sobre los números de lote, la cantidad de ampollas enviadas y cómo fueron utilizadas. Hasta ahora no aparece ningún faltante”, sostuvo Wisky.

El secretario de Salud remarcó, además, que el fentanilo está sujeto a controles especiales y que cada aplicación debe quedar respaldada por registros que permitan identificar al paciente y documentar su utilización.
“Es un medicamento que se usa con mucho celo. Cada aplicación queda identificada con nombre, apellido, DNI y todos los registros correspondientes”, afirmó.

La postura oficial introduce un punto de tensión en el caso: mientras la denuncia dio lugar a una investigación por la presunta ausencia de ampollas, Salud afirma que sus controles no detectaron diferencias en los registros revisados. Será la evidencia reunida en el expediente la que permita establecer si ambas situaciones pueden conciliarse o si existen inconsistencias que todavía deben explicarse.

La pregunta que sigue sin respuesta

Por el momento, no hay una conclusión definitiva sobre lo sucedido con las 213 ampollas de fentanilo y las 20 de propofol mencionadas en la denuncia. Tampoco se determinó judicialmente si hubo irregularidades en su manejo o si corresponde atribuir responsabilidades penales.

Las próximas medidas estarán orientadas a completar la reconstrucción documental, profundizar el análisis de los testimonios y verificar la correspondencia entre los movimientos de los medicamentos y los registros de utilización.

La causa sigue abierta y su avance dependerá, en buena medida, de lo que surja de esa revisión. El interrogante central permanece vigente: qué ocurrió con las ampollas señaladas en la denuncia y por qué se planteó su presunta ausencia si, según la Secretaría de Salud, los controles realizados hasta ahora no muestran faltantes.