Por el DNU 70
La Corte Suprema suspendió la derogación de la Ley de Tierras
La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales, tras un reclamo ambiental presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie para evitar daños irreparables.
La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, establece que la suspensión regirá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes. El máximo tribunal consideró necesario intervenir ante la falta de respuestas de los tribunales inferiores, garantizando así la tutela judicial efectiva y la protección del ambiente, un tema de especial sensibilidad también en la Patagonia, donde la gestión de recursos naturales es un eje central de debate.
Argumentos ambientales y diferencias legales
La demanda original, iniciada a fines de diciembre de 2023, sostiene que la eliminación de la Ley 26.737 compromete el derecho a un ambiente sano y equilibrado, protegido por el artículo 41 de la Constitución Nacional. A diferencia del caso CECIM, que fue rechazado por falta de legitimación al basarse en cuestiones de soberanía, la Corte distinguió el planteo de Árbol de Pie por su enfoque en la preservación de la naturaleza y la diversidad biológica. "El tribunal destacó que el trámite judicial había dejado sin respuesta los pedidos de los demandantes", señalaron fuentes judiciales al explicar la necesidad de esta protección provisoria.
La postura en disidencia
El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia al considerar que la Corte carecía de competencia para dictar esta medida cautelar. Según su criterio, el expediente debería haber sido remitido directamente a la Justicia federal de Bariloche sin suspender los efectos del decreto.
No obstante, la decisión mayoritaria prevaleció, manteniendo vigente la Ley de Tierras hasta que se resuelva la cuestión de fondo, sin que esto implique, por el momento, un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la norma.