La Cámara de Casación rechazó el planteo de Máximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso en la causa Vialidad
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos presentados para intentar suspender el proceso de decomiso de bienes en el marco de la causa Vialidad y confirmó la continuidad de las medidas patrimoniales dispuestas por el Tribunal Oral Federal N° 2.
La resolución alcanza a planteos vinculados con bienes de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en el juicio por la obra pública, pero cuyos patrimonios fueron incluidos en el proceso de ejecución. También fueron analizados planteos relacionados con las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., de las que los hermanos Kirchner son accionistas mayoritarios.
Lee también: Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis: el auto en el que viajaba tenía pedido de secuestro
El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los magistrados consideraron que los recursos no cumplían con los requisitos formales necesarios para habilitar la intervención de la Cámara de Casación, ya que la resolución cuestionada por las defensas no constituye una sentencia definitiva ni una decisión equiparable a ella.
El planteo de los hijos de la expresidenta Cristina Fernández había sido presentado por el abogado Luis Joel Goldin. La defensa cuestionó que el Tribunal Oral Federal N° 2 hubiera postergado el tratamiento de su pedido para suspender el incidente de ejecución y las medidas cautelares vigentes.
Uno de los argumentos centrales fue que todavía se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja relacionado con la procedencia del decomiso. Según la defensa, avanzar con las medidas patrimoniales antes de que el máximo tribunal se expida podría afectar una eventual decisión favorable posterior y comprometer garantías vinculadas con el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad.
Lee también: Buscan anular la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner por medio de la ONU
La Cámara de Casación, sin embargo, sostuvo que la existencia de ese planteo ante la Corte no impide al tribunal oral continuar con actos preparatorios de la ejecución ni disponer medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento del decomiso. Los jueces señalaron además que el Tribunal Oral no rechazó de manera definitiva los pedidos de las partes, sino que postergó su tratamiento.
En cuanto a Hotesur y Los Sauces, el director titular de ambas sociedades, Sebastián José Sánchez, también había presentado un recurso con el patrocinio de Goldin. Las empresas cuestionaron el mantenimiento de embargos sobre 13 inmuebles y plantearon que las medidas afectan el funcionamiento de sus actividades comerciales.
Sobre este punto, la Cámara recordó que los embargos tienen carácter preventivo y no modifican la titularidad registral de los inmuebles. Además, indicó que el pedido del Ministerio Público Fiscal relacionado con los bienes de las empresas todavía no fue sometido al debate correspondiente entre las partes.
Los camaristas señalaron que Hotesur y Los Sauces tendrán la posibilidad de presentar sus argumentos y ejercer su defensa cuando se sustancie formalmente la solicitud de afectación de sus bienes. En ese sentido, consideraron que la postergación del tratamiento no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
La causa contempla una ejecución patrimonial destinada a recuperar 685.000 millones de pesos vinculados con el perjuicio establecido en la sentencia por la obra pública. La Cámara recordó que, en actuaciones anteriores, se habían establecido los parámetros para avanzar con el decomiso y se había delegado en el Ministerio Público Fiscal la identificación de los bienes y la propuesta de las medidas necesarias para ejecutar la sanción.
Con la decisión de este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el rechazo de los planteos que buscaban frenar el avance de las medidas patrimoniales, aunque permanece pendiente la resolución de la Corte Suprema sobre el recurso relacionado con la procedencia del decomiso.