Buscan anular la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner por medio de la ONU

El equipo legal, integrado por los abogados Beraldi, Valim y Borrego, busca que el organismo internacional analice el caso durante el período de sesiones de octubre. El abogado Valim señaló: "Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité", y añadió que "eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité". Según el letrado, "existe confianza" en que el organismo reconocerá violaciones a los derechos fundamentales de la exmandataria.

Cuestionamientos técnicos al fallo

El núcleo del planteo defensista se apoya en un informe de la consultora Specs, que analiza la distribución de fondos de la Dirección Nacional de Vialidad tras el decreto 54/2009. Según este estudio, el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de los fondos, mientras que IECSA S.A. figuró como la principal beneficiaria. Al respecto, Beraldi sostuvo: "Encontramos que a Báez se le asignó menos del 1%. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso".

La postura judicial y el escenario político

Desde el ámbito judicial indican que el argumento sobre la distribución de fondos ya fue desestimado en instancias previas, aclarando que el juicio se centró en la obra pública de Santa Cruz, donde las empresas de Báez concentraron el 85% de las licitaciones.

Por su parte, Máximo Kirchner vinculó la ofensiva legal con las elecciones de 2027: "Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas que entienden que ella puede ser nuevamente". El dirigente concluyó que, para el peronismo, "sin Cristina en la boleta, el espacio pierde competitividad".