Rawson
Investigan a un hombre que intentó desarmar al jefe del GEOP durante un allanamiento
La Justicia de Rawson abrió formalmente una investigación preparatoria contra un hombre acusado de agredir a efectivos policiales e intentar quitarle el arma al jefe del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) en medio de un procedimiento. La medida fue dispuesta por la jueza de garantías Karina Breckle, a solicitud de la Fiscalía de Rawson.
Durante la audiencia, la acusación y el relato de los hechos estuvieron a cargo del procurador de Fiscalía Jeremías Regueira, quien le imputó provisoriamente el delito de resistencia contra la autoridad. En el trámite, el imputado contó con la asistencia de la defensora pública Catalina Silva, mientras que la dirección del caso está en manos de la fiscal general jefe Laura Castagno.
Forcejeo y agresiones durante el allanamiento
El hecho ocurrió el domingo 27 de septiembre, alrededor de las 8:10, en el marco de un allanamiento ejecutado en una vivienda de la ciudad capital e impartido por la misma magistrada de garantías. El operativo era desarrollado conjuntamente por la División Policial de Investigaciones y el GEOP.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, el sujeto reaccionó con insultos y una marcada actitud agresiva hacia el personal actuante. Al momento en que los efectivos intentaron reducirlo, el hombre abalanzó sus manos sobre el subfusil del comisario inspector a cargo de la comisión táctica, lo que desencadenó un forcejeo que terminó con el jefe policial en el piso. Tras ser controlado y esposado, el individuo continuó profiriendo amenazas, insultos y lanzando golpes de puño y patadas hasta la concreción de su traslado.
Imputación por resistencia a la autoridad
La Fiscalía encuadró el accionar del imputado de forma provisoria en la figura penal de resistencia contra la autoridad, atribuyéndole la autoría directa de los hechos.
Este tipo de figura sanciona a quien se contraponga mediante violencia física o intimidación a la actuación legítima de un funcionario público. Dado que se atenta contra el correcto funcionamiento de las instituciones gubernamentales, la víctima formal dentro de la causa es la Administración Pública. La causa seguirá su curso durante el período fijado para la investigación preparatoria.