En el Senado
Avanza la modificación de la Zona Fría: El Gobierno defiende el proyecto alegando un criterio de mayor "justicia distributiva"
La propuesta bajo análisis fue promovida desde el Poder Ejecutivo y plantea reformar la estructura implementada a partir de 2021, oportunidad en la que la Ley 27.637 amplió las fronteras de cobertura del sistema. Hasta ese período, la ayuda económica alcanzaba a la Patagonia, la localidad de Malargüe y la Puna. Sin embargo, aquella reestructuración sumó a distritos y jurisdicciones pertenecientes a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
La secretaria de Energía sostuvo la necesidad de retrotraer el esquema a su formato previo, de modo que los subsidios permanezcan concentrados exclusivamente en las regiones abarcadas desde sus orígenes. Al momento de su exposición, la titular del área remarcó: “Nuestro objetivo es que en este país haya energía y que sea al menor costo posible”. A su vez, agregó que ese escenario implica alcanzar “costos eficientes y eso se logra con competencia y donde las tarifas y los precios de la energía, reflejen sus costos”.
Criterios de focalización y financiamiento del sistema
En el desarrollo de sus declaraciones, la funcionaria expresó: “Como entendemos que hay un segmento de la población que aún tiene dificultades para el pago de las facturas, tiene que haber subsidios pero focalizados en aquellas familias que tienen ingresos más bajos”. De igual forma, aseveró que “no puede haber subsidios generalizados porque, primero que es injusto y lleva a la ineficiencia en el uso de la energía”.
Por otra parte, la referente del área energética trajo a colación el esquema establecido mediante el decreto 943 emitido en el año 2025. Respecto de esa medida, puntualizó: “Focalizamos el subsidio a la energía, tanto a los consumidores de gas natural como de la energía eléctrica”. No obstante, señaló que “quedó en paralelo un régimen que fue llamado en el año 2021 la Ley de Zona Fría, que subsidia a todos los consumidores, o sea, puedan pagar el costo de la energía o no la puedan pagar y eso es algo que nosotros creemos que se tiene que corregir, porque además hay un agravante: ese subsidio se fondea con un cargo al consumo de gas a todos los usuarios del país”.
Argumentos sobre el costo fiscal y las diferencias de consumo
Para ejemplificar la postura gubernamental respecto a la aplicación del régimen en diversas geografías, la funcionaria expuso la situación de los hogares de menores recursos situados en el conurbano bonaerense. Al respecto, manifestó que un grupo familiar de esa zona debe canalizar el 30% de la asistencia recibida para abonar el recargo sobre el consumo de gas, destinado a financiar a usuarios de ingresos elevados. Ante este panorama, subrayó: “Nosotros lo que queremos hacer es terminar con esta injusticia”.
Adicionalmente, explicó que lo recaudado a través del fondo actual no logra cubrir el costo total generado por la ampliación geográfica del beneficio. En esa línea, sostuvo: “Deberíamos aumentar aún más este impuesto al gas, que además lo pagan las Pymes, de nuevo, hoy a este cargo lo pagan todos los usuarios del país para subsidiar a gente que no lo necesita”. Y enfatizó: “Esa es la lógica de la modificación que estamos haciendo al régimen de Zona Fría”, añadiendo que la cobertura “lo tienen que recibir aquellas familias que realmente necesitan un subsidio para pagar el gas”.
En relación con los antecedentes del área, la funcionaria hizo mención a los esquemas vigentes desde la década del 60', durante la etapa operativa de la empresa estatal Gas del Estado. Sobre aquel período, expuso: “Eran zonas desfavorables a las cuales se les subsidiaban los combustibles líquidos y también el consumo de gas natural”. Y diferenció que “esas zonas, en las que con esta ley estamos respetando un subsidio a la molécula de gas natural, consumen cinco veces más que lo que consume el resto del país, porque claramente en esas zonas hay temperaturas extremas”.
A fin de ilustrar las discrepancias en los volúmenes utilizados, aportó datos estadísticos del sector: “Cuando en el año 2021 el kirchnerismo saca la ley de Zona Fría en el que amplían este beneficio con el argumento de que eran zonas frías (las incorporadas) y en realidad eran zonas templadas, tengan en cuenta que en la Patagonia el consumo medio de un residencial son 4.500 metros cúbicos al año de gas, cuando en esta zona fría ampliada son 990 metros cúbicos de gas al año”. En contraste, en las provincias desprovistas de subsidios la cifra alcanza un promedio de 650 metros cúbicos anuales.
En sus consideraciones finales sobre el origen del régimen de 2021, la funcionaria remarcó: “Claramente fue una ley que buscó tener votos para las elecciones pero que no tenía ninguna racionalidad desde el punto de vista de un esquema de subsidios que tiene que ser justo y ayudar efectivamente a las zonas y a las familias que lo necesitan”. En relación con el período 2025, indicó que “el 47% del subsidio fue a los segmentos de mayores recursos; un 25% fue a sectores de ingresos medios; y sólo el 28% fue a familias de bajos recursos”. Asimismo, observó que dentro de la totalidad de usuarios nacionales, “el 30% de esos usuarios son usuarios de bajos ingresos que hoy tienen subsidio focalizado y, ese 30% paga el cargo para fondear este subsidio de Zona Fría”. Ante este escenario, concluyó: “Lo primero que tiene esta modificación de la ley es un componente de justicia muy alto”.
Pistas sobre el debate en la Cámara Alta y el impacto tarifario
El dictamen cosechó los respaldos de los integrantes de La Libertad Avanza, el Pro, la senadora salteña Flavia Royón (titular de la comisión de Minería), la representante neuquina Julieta Corroza, el legislador correntino Carlos “Camau“ Espínola y los miembros de Convicción Federal, Carolina Moisés y Guillermo Andrada. Por su parte, la representante mendocina de la UCR, Mariana Juri, no estampó su firma en el despacho, postura compartida por el legislador santacruceño José María Carambia (Movere), la senadora cordobesa Alejandra Vigo y el referente puntano Fernando Salino. Las bancadas del bloque Justicialista no participaron de la votación debido a la falta de designación de sus vocales en las comisiones intervinientes.
En el momento destinado a las formulaciones de los legisladores, la atención se centró en la reestructuración de los cuadros tarifarios provocada por la quita del beneficio, incluso en las regiones que preservarán la condición de zona fría. Frente a las consultas planteadas, la secretaria del área gubernamental precisó: “el grueso será subsidiado en el 50% y el cargo fijo no estará más subsidiado”. Sobre este aspecto, la funcionaria descartó incrementos desproporcionados al poner de ejemplo a los residentes de Santa Cruz, descartando boletas que pasen de 350 a 500.000 pesos debido a que la variación recae únicamente en la suma fija.
Finalmente, la funcionaria reafirmó el criterio de aplicación: “El grueso de la factura es el gas, que va a continuar subsidiado un 50%, lo que no va a tener más subsidio es el cargo fijo que depende la categoría de ese usuario, ese cargo fijo pueden ser 20 mil pesos, 30 mil pesos”.
Con información de La Opinión Austral - Grupo Crónica.