Denuncian por contrabando a pesqueras internacionales que operan con licencias británicas en las Islas Malvinas

La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia penal contra directivos, administradores y representantes legales de diversas compañías pesqueras internacionales que desarrollarían actividades en el Atlántico Sur mediante licencias otorgadas por autoridades británicas de las Islas Malvinas. Los impulsores de la acción afirman que las firmas explotan recursos pesqueros de la Argentina sin someterse a la fiscalización de la Aduana nacional, lo que podría constituir el delito de contrabando.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, y quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. Según el escrito presentado, las acciones cuestionadas perjudicarían la soberanía nacional, los controles aduaneros y los bienes naturales ubicados en la Plataforma Continental y en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

Las compañías y buques involucrados en la presentación judicial

La denuncia apunta contra distintas compañías de origen español, procedentes en su mayoría de Galicia, que mantendrían vínculos con sociedades mixtas constituidas en las Islas Malvinas.

Entre las firmas citadas figuran Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña. A su vez, el escrito precisa las sociedades vinculadas y las embarcaciones que formarían parte de las maniobras.

Lanzal aparece relacionada con Petrel Fishing Company Ltd., que opera mediante el buque Monteferro. Grupo Pereira se encuentra asociada a Argos Group Ltd., cuyos barcos incluyen al Argos Cíes y al Argos Berbés. Por su parte, Pescapuerta y Copemar figuran vinculadas a South Atlantic Squid, con las naves Falcon, Prion, Robin M. Lee y Hadassa Bay. Ferralmes está relacionada con Castelo Fishing Co., mientras que Hermanos Touza figura junto a Beaufort Fishing Ltd.. Finalmente, Moradiña se encuentra vinculada a Polar Ltd. y al buque New Polar Playa de Sartaxens.

La fundamentación de la acusación por presunto contrabando

Los letrados argumentan que las empresas habrían empleado los permisos británicos para extraer recursos considerados propios por la Argentina y eludir el accionar de los organismos estatales.

La presentación judicial plantea dos ejes centrales:

• Una supuesta evasión del control aduanero a partir de capturas que luego serían comercializadas al exterior, transbordadas entre embarcaciones o desembarcadas en Puerto Argentino o en terminales de terceros países sin supervisión argentina.
• La existencia de un esquema de clandestinidad y engaño concebido para impedir la fiscalización de las autoridades nacionales y evitar el pago de aranceles de exportación y otras cargas tributarias.

El texto cuestiona la validez de los permisos otorgados por las autoridades coloniales afirmando que "Las llamadas ‘licencias de pesca', en realidad, son verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina". A partir de estos señalamientos, se solicitó investigar si los hechos se encuadran en los artículos 863, 864 inciso a) y 865 del Código Aduanero, referidos a la traba del control aduanero, la exportación clandestina y causales agravantes.

Requerimientos de informes a organismos públicos y posible responsabilidad de funcionarios

Para esclarecer el funcionamiento de las embarcaciones y comprobar la existencia de controles, la presentación exige requerir informes a diversas dependencias públicas:

• A la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) se les solicitó los registros de avistamiento e identificación de las flotas ligadas a las firmas denunciadas, además de datos sobre otros barcos que hayan operado en el Atlántico Sur con permisos británicos o sin aval argentino.
• A la Dirección General de Aduanas se le pidió precisar si las compañías declararon exportaciones o abonaron los tributos correspondientes por las capturas obtenidas en la zona marítima señalada.
• A la Inspección General de Justicia se le requirió detallar las relaciones comerciales, filiales y bienes que las empresas señaladas posean en el territorio continental argentino.

La acusación no se limita a las firmas privadas. Los patrocinantes solicitaron determinar si existió responsabilidad de funcionarios argentinos por una eventual omisión de patrullaje y vigilancia o por no haber promovido acciones para perseguir las maniobras denunciadas.

Asimismo, reclamaron que, de reunirse elementos suficientes, se cite a declaración indagatoria a los directivos de las sociedades y se evalúe el dictado de medidas cautelares sobre los buques y activos comerciales situados en el continente. Este expediente se suma a otras causas vinculadas a firmas con actividad en las Islas Malvinas, como las denuncias tramitadas en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py, impulsadas por la Cancillería contra empresarios y ejecutivos del sector hidrocarburífero.

Con información de BAE Negocios - Grupo Crónica.