Investigan la desaparición de 233 ampollas de fentanilo y propofol en un Hospital de Rawson
La Justicia provincial de Chubut se encuentra investigando la desaparición de un importante lote de medicamentos de uso restringido del Hospital Sub Zonal Santa Teresita, ubicado en la ciudad de Rawson. La irregularidad abarca un total de 233 ampollas —específicamente 213 de fentanilo y 20 de propofol—, las cuales se encontraban custodiadas en el área de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del centro de salud capitalino.
El faltante fue detectado originalmente por los propios trabajadores del hospital, quienes informaron lo sucedido y formalizaron la denuncia ante la Oficina Judicial de Rawson. Si bien la denuncia se ratificó formalmente en abril de 2026, las autoridades precisaron que la desaparición de las sustancias ocurrió meses antes, a finales del año pasado. A pesar de la gravedad del hecho y del elevado valor que estos insumos pueden alcanzar en el circuito informal —con estimaciones de hasta 300 dólares por ampolla en el caso del fentanilo—, la causa no registró avances significativos en sus etapas iniciales ni cuenta hasta el momento con personas imputadas.
El ida y vuelta judicial entre los fueros Provincial y Federal
El curso de la investigación se vio ralentizado debido a una disputa sobre qué fuero debía intervenir. En una primera instancia, tras recibir las actuaciones, la jueza provincial Karina Breckle planteó la hipótesis de que el faltante de una sustancia fuertemente controlada como el fentanilo podía responder a una desviación premeditada desde el circuito legal hacia el tráfico ilegítimo. Basándose en la ley de estupefacientes, la magistrada se declaró incompetente y derivó el caso a la Justicia Federal de Rawson.
Sin embargo, el fiscal federal Fernando Gélvez se opuso firmemente a asumir la competencia sin antes contar con medidas básicas de instrucción. Gélvez argumentó que la provincia debía tomar declaración testimonial a los empleados denunciantes y solicitar al hospital los libros de registro e inventario de ingresos y egresos de la medicación antes de remitir el expediente. Finalmente, el juez federal Gustavo Lleral coincidió con dicho planteo y dispuso la devolución de la causa a la órbita de la Justicia de Chubut. Con esta resolución, la fiscalía provincial deberá reiniciar las medidas para saber exactamente cuándo desaparecieron las ampollas y quiénes tenían acceso a ellas.
La postura del Ministerio de Salud y los protocolos de control
Ante la repercusión del caso, el secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, se refirió públicamente a la investigación y confirmó que el expediente corresponde a la presentación realizada en noviembre del año pasado. El funcionario llevó tranquilidad al señalar que no han ingresado nuevas denuncias ni requerimientos recientes y que todo el material solicitado en su momento fue puesto a disposición del Poder Judicial. "Es el mismo caso del año pasado y se sigue investigando; estamos esperando que la Justicia dictamine", sostuvo.
Asimismo, Wisky detalló el estricto protocolo que rige en el sistema público sanitario para la prescripción y manipulación de opiáceos y drogas derivadas de la morfina. Cada dosis administrada requiere una receta individualizada que consigna obligatoriamente el nombre, apellido y DNI del paciente.
La farmacia del hospital entrega el medicamento únicamente contra la presentación de dicha receta y posteriormente realiza arqueos para constatar cuántas unidades se utilizaron y cuántas permanecen depositadas.
Al tratarse de drogas calificadas como peligrosas bajo la ley de opiáceos, el seguimiento de existencias en el depósito de la Terapia Intensiva es continuo y riguroso.
Investigación abierta sin datos de irregularidad interna
A pesar del extravío constatado en las planillas, el titular de la cartera sanitaria explicó que los análisis preliminares del organismo no han arrojado hasta ahora pruebas concluyentes que señalen una falla en los procesos administrativos o una maniobra delictiva interna. "Cada alerta que nos llega al sistema la tomamos como algo verídico y la investigamos. Estamos dispuestos siempre a corregir los errores si llegaron a existir, pero hasta ahora no hay ningún dato que así lo diga", afirmó el funcionario.
Con el expediente nuevamente asentado en los tribunales provinciales, los investigadores concentran sus esfuerzos en reconstruir la cadena de custodia de la medicación en el Hospital Santa Teresita. Las diligencias pendientes buscarán tomar declaración al personal de guardia de la UTI, peritar los registros físicos y digitales de insumos de farmacia y determinar, en última instancia, las responsabilidades penales e institucionales detrás del faltante de las 233 ampollas.