Informe especial de Diario Crónica
Caso Ángel López: cuatro meses de dolor, dudas y reclamos
A cuatro meses del fallecimiento de Ángel Nicolás López —el niño de cuatro años que murió tras ingresar de urgencia al Hospital Regional en abril de 2026—, la investigación penal preparatoria transita un punto de inflexión decisivo. El caso, que sacudió al país entero e impulsó fuertes cuestionamientos sobre los organismos de protección de la niñez, mantiene a sus dos principales sospechosos en prisión preventiva por homicidio agravado, mientras la causa ingresa en una compleja disputa técnica que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El hecho: un cuadro irreversible y signos de presunta violencia sostenida
El domingo 5 de abril de 2026, una unidad de emergencias trasladó al pequeño Ángel López al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Ingresó con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y signos clínicos compatibles con muerte cerebral. En ese momento, el menor convivía con su madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano, y la pareja de esta, Michel González.
Inicialmente, la progenitora atribuyó lo ocurrido a una descompensación repentina luego de que el niño durmiera de más y se orinara en la cama. Sin embargo, el equipo médico de guardia advirtió de inmediato indicadores incompatibles con un suceso fortuito. Tras confirmarse el deceso 48 horas después, la autopsia efectuada por el Cuerpo Médico Forense de Chubut detectó entre 20 y 22 traumatismos circunscritos a la región del cráneo.
Los estudios preliminares concluyeron que dichos impactos generaron una hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado, y fueron producidos a lo largo de un período de 7 a 10 días previos a la internación. La naturaleza de las lesiones orientó la hipótesis fiscal hacia un crimen dentro del entorno familiar directo, derivando en la inmediata detención de Altamirano y González por riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio.
Acusación y situación procesal de los imputados
En los tribunales del Barrio Roca, ante el juez de garantías Alejandro Soñis, los fiscales Facundo Oribones y Florencia Guzmán formalizaron la imputación contra la pareja por homicidio agravado por el vínculo y alevosía en concurso real con abandono de persona seguido de muerte, figura que contempla la pena de prisión perpetua.
La fiscalía y la querella privada -encabezada por el abogado mediático Roberto Castillo, quién compartió su trabajo minuto a minuto con Grupo Crónica durante un mes- le atribuyen a Michel González (pareja de la progenitora del niño) la autoría material directa de las agresiones físicas continuadas, mientras que a Mariela Altamirano (madre de Ángel) se le imputa la coautoría por omisión, al violar su deber de garante y no frenar el maltrato, sumado a la omisión de auxilio oportuno por no requerir atención médica inmediata. La querella sostiene, además, que tuvo participación activa en los castigos.
A pesar de que la defensa pública intentó encuadrar las marcas en la cabeza como "coscorrones" disciplinarios, el juez Soñis dictó seis meses de prisión preventiva para ambos. Altamirano permanece alojada en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, mientras que González cumple la medida cautelar en la Alcaldía de Comodoro Rivadavia.
Giro técnico: apelación de la defensa y pericia de la Corte Suprema
El trámite procesal dio un vuelco tras la llegada de los estudios histopatológicos complementarios, los cuales revelaron que el niño transitaba una afección respiratoria previa (bronquiolitis) al momento del colapso. Sobre este hallazgo, el defensor Alejandro Varas alegó inconsistencias entre los dictámenes forenses locales y las apreciaciones del médico legista de parte, Dr. Federico Segura, sosteniendo la hipótesis de que la muerte pudo ser desencadenada por una complicación pulmonar aguda y no por los traumatismos en la cabeza.
Si bien el juez de primera instancia desestimó la postura defensiva, la apelación fue receptada el 24 de junio de 2026 por los jueces penales Raquel Tassello y Martín Cosmaro, quienes ordenaron convocar al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A través del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de CABA, los peritos nacionales deberán pronunciarse sobre si las lesiones en el cuero cabelludo tenían entidad suficiente para provocar el deceso por sí solas y ponderar la temporalidad de las mismas.
Aunque la fiscalía y la querella ratifican que la bronquiolitis actuó como un factor minoritario ante la contundencia de los golpes, la remisión de muestras a la Capital Federal impuso un compás de espera que posterga el requerimiento de elevación a juicio.
El rol de las instituciones
La tragedia puso bajo la lupa al Juzgado de Familia N° 1 de Comodoro Rivadavia. Ángel había crecido junto a su padre biológico, Luis López, y Lorena Andrade, a quien consideraba su madre de crianza. Sin embargo, apenas cinco meses antes del desenlace fatal, el juez Juan Pablo Pérez interrumpió esa convivencia y fijó un proceso de revinculación forzosa con la madre biológica.
La causa acumula elementos que dan cuenta de alertas tempranas no atendidas. La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 413 reportó en su momento alteraciones en el comportamiento de Ángel tras el cambio de domicilio, registrando conductas ansiosas, temores y episodios de angustia.
La familia paterna sumó videos donde el menor verbalizaba su negativa a regresar a la vivienda materna, al tiempo que vecinos atestiguaron y declararon discusiones y gritos relacionados con castigos hacia el niño.
La repercusión derivó en la intervención del Equipo Interdisciplinario del juzgado por orden del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Andrés Giacomone. A la par, la querella impulsó acciones contra el juez Pérez, la psicóloga Leiva y la asesora Bellido por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entidades como la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) insistieron en el riesgo que suponen las revinculaciones forzadas cuando no se pondera de forma efectiva el Interés Superior del Niño y la correcta aplicación de la Ley Lucio (N° 27.709).
Próximos pasos procesales
Con los cuatro meses cumplidos desde el crimen, el expediente aguarda las conclusiones de los peritos de la Corte Suprema. El plazo inicial de seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michel González vencerá en octubre, mes en que el Ministerio Público Fiscal deberá peticionar la prórroga de la medida o dar por cerrada la instrucción formalizando la acusación definitiva para habilitar la etapa de debate oral.
En solo dos meses, el caso que conmocionó al país entero abrirá un nuevo capítulo que terminará -o intentará- de dar una definición formal a esta trágica história.