Presentaron recursos para anular el acuerdo entre YPF y Chubut por considerarlo "ilegítimo y arbitrario"

El debate por el acuerdo firmado entre la Provincia del Chubut e YPF para la cesión de áreas petroleras y la reparación de pasivos ambientales tiene  un nuevo capítulo judicial.

Un grupo de nueve ciudadanos, entre ellos el constitucionalista José Raúl Heredia, presentó un recurso administrativo ante la Fiscalía de Estado, encabezada por Andrés Meiszner, para que revise la legalidad del convenio aprobado por la Legislatura y, en caso de considerarlo procedente, promueva su declaración de nulidad e inconstitucionalidad.

También se hizo idéntica presentación en la Defensoría del Pueblo de Chubut a cargo de la Dra. Claudia Bard. Solicitan “impedir que impere en Chubut un acuerdo ilegítimo como el que se ha suscripto por el gobernador con YPF S.A. y que se ha sancionado en la legislatura”.

La Opinión Austral accedió a las dos presentaciones que pusieron en alerta a varios de los protagonistas, los que están a favor y en contra del acuerdo.

“Le concedemos a la Provincia una instancia más para que se autocorrija de un desvío de poder. Esa es la finalidad de esta presentación. La Fiscalía de Estado tiene el deber constitucional de controlar la legalidad de los actos administrativos y creemos que debe intervenir”, afirmó el doctor Heredia durante una entrevista con el programa “Actualidad 2.0 (Radio del Mar, de Comodoro Rivadavia), conducido por el periodista Raúl Figueroa, quién también adelantó en ADN Sur el pedido de impugnación.

El planteo fue presentado como una acción ciudadana y no en representación de partidos políticos, municipios u organizaciones ambientales. Además de Heredia, firman la presentación otros ocho ciudadanos de distintas localidades de Chubut, entre ellos abogados, ex funcionarios y una concejal de Esquel.

Qué se firmó

El acuerdo entre YPF y la provincia de Chubut se concretó a fines de junio de 2026 y fue ratificado por la Legislatura provincial a principios de julio PASADO.

Establece la salida de la petrolera de seis áreas maduras en la cuenca del Golfo San Jorge, cediendo 3.000 pozos inactivos y su responsabilidad sobre los pasivos ambientales.

A cambio, la operadora entregará una compensación económica de USD 25 millones. Además, se transfirieron a la provincia tierras, inmuebles valuados en más de USD 60 millones, además de 100 vehículos.

La Opinión Austral ya había expuesto el tema cuando el gobernador Torres destacó y celebró el acuerdo: “Sin intermediarios: los bienes de YPF son para los comodorenses”, dijo. Agregó que “van a llegar a quienes realmente les corresponden. Lo vamos a garantizar por ley”.

Por su parte, el intendente Othar Macharashvili había denunciado que fue una firma “entre gallos y medianoches” y amplió: “La carta documento que enviamos es una declaración política para preservar la institucionalidad y los trámites que veníamos haciendo con YPF en función de su retirada de la cuenca del Golfo San Jorge y de todos los bienes que tenían que ser traspasados al municipio, como estaba previsto en convenios y acuerdos anteriores.”

“Última oportunidad” para la Provincia

El constitucionalista Heredia explicó que la legislación administrativa prevé mecanismos para que el propio Estado revise sus decisiones antes de que intervenga la Justicia. “Lo que hacemos es darle una oportunidad para que la administración se autocorrija. Después el fiscal sabrá qué hacer. Nosotros entendemos que debe promover la inconstitucionalidad de la ley y la nulidad del acuerdo”, sostuvo. No obstante, reconoció que las expectativas sobre una respuesta favorable son limitadas.

“No tenemos muchas esperanzas, pero creemos que hay que agotar todas las vías legales que la Constitución y las leyes ponen a disposición de los ciudadanos”, manifestó.

“No renunciar a derechos de la comunidad”

El núcleo del cuestionamiento apunta a que el acuerdo implicaría una renuncia a derechos ambientales que, según Heredia, son de orden público y, por lo tanto, indisponibles para cualquier gobierno. “No se puede renunciar, como hace la Provincia, a derechos que pertenecen a toda la comunidad. El daño ambiental afecta a los habitantes y esa renuncia no puede hacerse mediante un contrato”, explicó.

Según indicó, el propio convenio constituye una prueba de la existencia del pasivo ambiental porque establece una compensación económica destinada a su reparación. “Las partes reconocen que hay daño. Eso ya no es materia de discusión. Lo que cuestionamos es que ese daño se cuantifica de una manera absolutamente arbitraria y sin ningún respaldo científico”, señaló.

Para Heredia, cualquier reparación debería sustentarse en estudios técnicos independientes que determinen la verdadera magnitud del impacto ambiental acumulado durante más de un siglo de explotación petrolera.

En ese sentido recordó que las normas ambientales nacionales, la Constitución Nacional, la Constitución del Chubut y los tratados internacionales establecen con claridad que quien contamina tiene el deber de recomponer el ambiente.

Autonomía municipal y “contrabando legislativo”

Otro de los ejes del planteo es la presunta afectación de la autonomía de los municipios. Según Heredia, el acuerdo dispone el destino de fondos y contraprestaciones económicas sin participación de los gobiernos locales.

“No puede hacerse existiendo municipios autónomos. No fueron consultados ni participaron de la decisión”, cuestionó.

También objetó la incorporación dentro del convenio del caso Restinga Alí, al considerar que ya existía una legislación específica sobre ese tema. “Hemos hablado de un verdadero contrabando normativo. Se introduce mediante este acuerdo una situación que ya había sido regulada por otra ley”, expresó.

Heredia remarcó que la acción judicial no pertenece exclusivamente al grupo de firmantes. Explicó que la Constitución Provincial reconoce legitimación amplia para la defensa de los intereses colectivos y del ambiente. “Todo habitante de la provincia puede accionar. Lo dicen claramente los artículos 57 y 111 de la Constitución del Chubut. Cualquier ciudadano puede adherir a nuestra presentación o iniciar una propia”.

Precisó además que quienes impulsan la iniciativa lo hacen en carácter de ciudadanos y no en representación profesional. “No venimos como abogados. Venimos como habitantes de Chubut. Muchos de nosotros participamos durante décadas en la construcción de las instituciones provinciales, de la Constitución y de las cartas orgánicas municipales. Consideramos que tenemos el deber cívico de defender aquello que ayudamos a construir”, afirmó.

Consultado sobre cuál debería ser el monto de una eventual reparación ambiental, Heredia evitó hablar de cifras. “No queremos una estimación hecha a la marchanta. Queremos estudios científicos, técnicos y objetivos que determinen cuál es el verdadero costo de la remediación”.

Mientras esperan una respuesta de la Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo, el grupo ya anticipó que, si no existe una revisión administrativa del acuerdo, el conflicto se trasladará a los tribunales.

La discusión ya no girará únicamente sobre la transferencia de áreas petroleras, sino sobre un interrogante de fondo: quién debe hacerse cargo del pasivo ambiental acumulado durante más de un siglo de actividad hidrocarburífera en Comodoro Rivadavia y el resto de la cuenca del Golfo San Jorge.

En la presentación, los denunciantes remarcaron –en el punto 15 del escrito elevado a la Fiscalía de Estado- que “Santa Cruz obtuvo un resarcimiento integral de USD 335 millones junto con un plan de remediación obligatoria. Hay, de este modo, un trato inequitativo que perjudica el patrimonio local y soslaya el riesgo ambiental perpetuo”.

Así se aprobó en Diputados

Votaron a favor  los diputados Mariela Williams, Daniel Casal, Gustavo González y Mariela Tamame. En tanto, los bloques Arriba Chubut, Partido Independiente del Chubut y el Frente de Izquierda votó en contra, mientras que la diputada Tatiana Goic estuvo ausente durante la sesión.

Se estableció que los US$25 millones que abonará la petrolera deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, servicios públicos, salud, seguridad, saneamiento y otras inversiones de interés público dentro de Comodoro Rivadavia. La ley también reconoce expresamente las competencias del municipio sobre planificación urbana, uso del suelo, habilitaciones, cuestiones ambientales y poder de policía respecto de los inmuebles alcanzados por el convenio.

Se amplió la integración del Consejo Consultivo que intervendrá en el análisis del destino de los inmuebles transferidos. Ese organismo estará integrado por representantes del Gobierno provincial, del Municipio de Comodoro Rivadavia y de organizaciones de la sociedad civil, con funciones de carácter consultivo.

La ley establece que los bienes transferidos por YPF pasarán al Estado provincial, aunque deberán destinarse exclusivamente a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Entre ellos se incluyen vehículos, inmuebles, edificios y terrenos.

Más “duelo verbal”

Los cruces entre Provincia y Comodoro Rivadavia no se agotaron con el acuerdo con YPF, sino que se sumó la actualidad del derrumbe del cerro Hermitte, ocurrido en enero de este año.

El gobernador Torres advirtió sobre la ausencia de definiciones de los primeros beneficiarios de las viviendas destinadas a las familias afectadas. Destacó que ya le había planteado personalmente el tema al intendente Othar Macharashvili, aunque decidió hacerlo público para reiterar el pedido de una reunión. “Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias“, expresó.

Othar le respondió: “Acepto su invitación y la tomo como un gesto de madurez, propia de quien comienza a dejar atrás la juventud impulsiva”, dijo Macharashvili, en un mensaje que combinó la aceptación del encuentro con una crítica al gobernador. En ese sentido, expresó: “Espero que esta reunión sea la primera de muchas para abordar, con seriedad y responsabilidad, todos los temas pendientes que la Provincia mantiene con Comodoro Rivadavia”. Y, además, en las últimas horas anunció que el Municipio ya aportó 5.000 millones de pesos a las familias.