Ley Brisa: la reparación económica en Chubut alcanza a 37 niños y adolescentes
La cantidad de niñas, niños y adolescentes que acceden a la reparación económica prevista por la Ley Brisa pasó de 12 a 37 en la provincia de Chubut.
Este incremento se registró a partir de la puesta en marcha del sistema de seguimiento implementado por la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género (OM-OVG) del Superior Tribunal de Justicia.
Al conmemorarse este 4 de julio un nuevo aniversario de la sanción de la Ley Nacional N° 27.452, conocida como Ley Brisa, el Poder Judicial de Chubut destacó los resultados alcanzados mediante el monitoreo permanente de la normativa, una herramienta que amplió el acceso de los menores a los beneficios de la legislación.
De acuerdo a los datos relevados por la OM-OVG, antes del inicio del monitoreo, en el año 2020, existían 12 personas beneficiarias de la reparación económica en el territorio provincial.
Al 30 de junio de 2026, esa cifra ascendió a 37, lo que representa un incremento de 25 nuevos casos incorporados al régimen de protección estatal. Como parte del compromiso informativo de nuestra editorial, Crónica realiza el seguimiento de estas políticas públicas destinadas a sectores en condición de vulnerabilidad.
Reparación económica
La Ley Brisa establece un Régimen de Reparación Económica y cobertura de salud destinado a niñas, niños y adolescentes que son hijos de víctimas por hechos de femicidio o violencia de género e intrafamiliar.
El objetivo de la normativa nacional consiste en garantizar condiciones mínimas de protección y acompañamiento frente a situaciones de extrema vulnerabilidad, asegurando dos pilares básicos para su desarrollo: un ingreso mensual que contribuye a su sustento diario y el acceso a servicios médicos esenciales para su bienestar.
Desde la implementación del monitoreo, la OM-OVG desarrolla un trabajo articulado con distintos organismos nacionales, provinciales y judiciales para identificar casos alcanzados por la normativa, impulsar las gestiones necesarias y remover los obstáculos administrativos que puedan dificultar el acceso a los beneficios.
Según se informó oficialmente, el crecimiento registrado en la cantidad de personas beneficiarias está directamente vinculado con el seguimiento sistemático de los expedientes y la coordinación interinstitucional que permite acelerar trámites.
Durante el transcurso de 2026, las acciones conjuntas con las Asesorías de Familia de las distintas circunscripciones judiciales permitieron intercambiar información relevante para destrabar procedimientos pendientes.
De este modo, se garantizó tanto la cobertura asistencial de salud como la percepción de los ingresos mensuales establecidos.
En el monitoreo participan activamente los Servicios de Protección de Derechos, el Servicio de Asistencia a la Víctima, las Asesorías de Familia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa Pública, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y diversos organismos judiciales de los fueros penal y civil.