Ley de Ecocidio : fue denunciada por el agro como una amenaza a las inversiones y ahora es desestimada en el senado por el oficialismo
Los senadores del bloque La Libertad Avanza (LLA) retiraron sus firmas del dictamen que buscaba incorporar el delito de ecocidio al Código Penal. La iniciativa, presentada por la senadora chubutense Edith Terenzi (Despierta Chubut), proponía un nuevo marco legal para los delitos ambientales con penas de prisión de hasta 25 años en casos de víctimas fatales.
El texto establecía sanciones de tres a diez años de prisión por daños ambientales considerados graves, extensos y duraderos, elevando la pena a un máximo de 15 años si el daño fuera calificado como "irreversible". En situaciones donde el hecho provocara la muerte de una persona, la pena prevista oscilaba entre los cinco y 25 años de prisión. El proyecto también contemplaba la responsabilidad penal para empresas y sanciones por conductas basadas en la imprudencia, negligencia o impericia.
Según los fundamentos presentados por la banca chubutense, la legislación actual es "insuficiente para sancionar conductas graves contra el ambiente", por lo que propuso una respuesta del derecho penal ante la degradación de los ecosistemas. Sin embargo, entidades como la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Acopiadores de Granos manifestaron su oposición, señalando una falta de precisión en definiciones técnicas como "daño irreversible" y posibles efectos sobre la seguridad jurídica y las inversiones económicas. Por su parte, la senadora Carolina Losada firmó el dictamen en disidencia, bajo el argumento de que la redacción podría afectar la llegada de capitales.
Tras estos cuestionamientos del sector productivo, la senadora Patricia Bullrich confirmó que los legisladores de LLA quitaron el respaldo a la iniciativa. Bullrich indicó que el objetivo inicial del acompañamiento era "avanzar sobre la problemática de los incendios forestales intencionales", pero adelantó que el dictamen sería levantado para trabajar en una nueva propuesta que incluyera el diálogo con los sectores afectados.
La propuesta de la senadora chubutense no se limitaba a sancionar individuos, sino que extendía la responsabilidad penal a las empresas previendo multas, suspensión de actividades y la pérdida de beneficios estatales. Asimismo, el texto incluía agravantes para los funcionarios públicos que autorizaran proyectos causantes de daños ambientales, con penas de inhabilitación perpetua para ejercer cargos. En sus fundamentos, Terenzi citó antecedentes internacionales de países como Francia, Chile y Colombia para argumentar la necesidad de actualizar el Código Penal frente a la degradación de los ecosistemas, un planteo que sectores rurales vincularon directamente con la preocupación del gobierno de Chubut ante la problemática de los incendios forestales en la cordillera.
"Es sorprendente este proyecto de ley. Entendemos que esto viene del Gobierno de Chubut, que se puso muy nervioso por los incendios y, en vez de legislar en la provincia, impulsan una ley nacional", afirmó Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina.
Además, agregó que "lo que está escrito es un desastre desde el punto de vista de lo que persigue la ley en sí y la falta de conocimiento del que redactó la ley respecto a conceptos básicos".
"Desde lo técnico es un error, desde lo legal es un error y desde todo punto de vista es un error. Se contradice con lo que el Presidente dice. Toma de base Naciones Unidas y el cambio climático. Nace de una persona del PRO, pero parece redactado por alguien de izquierda, no entendemos nada", concluyó.