El Gobierno bloqueó la venta de un banco a dos de los principales imputados por el "rulo" financiero
La negociación por el traspaso de la entidad bancaria se extendió por más de dos años, pero acaba de llegar a su punto final en el plano de la gestión pública. El ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó el último recurso de apelación interpuesto contra la decisión previa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de frenar la venta del Banco Voii a la contadora Valeria Fernández y al financista Juan Ignacio Agra, dos de los nombres centrales investigados en las causas por las maniobras cambiarias con el "dólar blue".
A través de sus asesores legales, Fernández y Agra agotaron todas las instancias de reclamo en la órbita del Ejecutivo. “Hágaseles saber que la vía administrativa se encuentra agotada, encontrándose expedita la acción judicial, la que podrá ser interpuesta dentro de los ciento ochenta días hábiles judiciales”, precisó la resolución que lleva la firma de Caputo.
Desde el entorno de Agra señalaron que no iniciarán demandas contra la autoridad monetaria ni contra la firma Cocos. No obstante, las mismas fuentes pusieron de relieve la vigencia de una medida cautelar dictada por la jueza en lo comercial María Soledad Casazza, marco en el cual los imputados reclamaron que se congelara una suma de 4 millones de dólares para garantizar el cumplimiento del contrato original.
Escuchas, allanamientos y el "ventilador" del mercado ilegal
Las tratativas para enajenar el Banco Voii comenzaron en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández. En agosto de 2024, el directorio del BCRA rechazó la modificación en la estructura de accionistas a favor de los financistas argumentando que los oferentes “no cumplían con la totalidad de las condiciones establecidas en las normas de aplicación”.
Tanto Fernández como Agra arrastran un fuerte protagonismo en el expediente judicial por el mercado paralelo de divisas. La contadora aparece mencionada en escuchas directas entre los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque que originaron la causa impulsada por el fiscal federal Franco Picardi. En uno de los audios fijados en el expediente, Hauque manifestaba de forma explícita: "Ninguno todavía pagó los platos rotos por todo lo que se robaron, ni Valeria Fernández ni nadie. Entonces, esa situación se va a dar". Tras la detención de Hauque en enero de 2025, trascendieron mensajes donde el financista sugería de forma directa que "hay que prender el ventilador" en alusión a las actividades de la profesional.
Diversos operadores del sector informal ratificaron que Fernández poseía nexos directos con dependencias de la autoridad monetaria durante la vigencia de las restricciones cambiarias. De hecho, la mujer integró el Registro de Auditores Externos del BCRA hasta marzo pasado, momento en que fue dada de baja coincidiendo con los requerimientos judiciales en los tribunales de Comodoro Py.
En los procedimientos ordenados por el fiscal Picardi en su vivienda del barrio de Barracas y sus oficinas del Microcentro, el personal de la Policía Federal procedió al secuestro de ocho dispositivos de memoria pendrive, dos tabletas digitales, una libreta de anotaciones manuscritas, alhajas y cajas de relojes de alta gama, en tanto que la profesional no pudo ser localizada en los domicilios correspondientes.
Sociedades de Bolsa y los vínculos políticos bajo sospecha
La investigación judicial expone que la contadora Fernández intervino profesionalmente en las agencias de cambio Stema Cambios S.A. y Megalatina S.A., firmas que habrían adquirido divisas oficiales en el Banco de Servicios y Transacciones (BST) por un volumen de USD 507.448.000. El desempeño de Mega Latina resultó emblemático dentro de la causa al registrar operaciones de venta por USD 466 millones entre los ciclos de 2022 y 2023, período donde Fernández refrendaba los balances contables en tanto que Juan Ignacio Agra figuraba formalmente en el rol de accionista de la firma.
En los corrillos de la City financiera se consideraba a Agra como el nexo principal de la organización con los sectores políticos de la gestión anterior. Los informes incorporados al legajo que manejan la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli revelaron de igual modo que Agra poseía participaciones accionarias en la agencia Karuna Group, con base en la ciudad de La Plata, en sociedad con dirigentes vinculados al Frente Renovador de la capital bonaerense.
“Agra y Valeria trabajaban como una sociedad, se repartían los roles. Ella se encargaba de los trámites en el Central y él de los contactos políticos”, detalló uno de los operadores que utilizó sus servicios. Con el bloqueo definitivo de la venta de la entidad —propiedad del empresario Walter Grenón—, se despeja el camino para que el control accionario del Banco Voii sea asumido por Cocos, la firma de servicios financieros liderada por Nicolás Mindlin.
Con información de La Nación.