El Gobierno envió al Senado el proyecto contra la ludopatía
El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley destinado a combatir la ludopatía en todo el territorio nacional. La propuesta prohíbe el acceso de menores de edad a plataformas de apuestas online, pero permite la publicidad de los juegos de azar autorizados.
Esta postura difiere del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024. La nueva iniciativa obligará a que el bloque de La Libertad Avanza en el Senado modifique el texto original para su posterior devolución a la cámara baja.
Diferencias legislativas
La versión previa había obtenido 139 votos a favor y 36 en contra, con abstenciones mayoritarias del PRO y la UCR. El tratamiento en el Senado se encontraba estancado desde septiembre de 2025 por falta de consenso interno en la oposición.
El análisis de la propuesta actual se realizará en las comisiones de Legislación General, de Salud, y de Justicia y Asuntos Penales. La conducción de estos espacios está a cargo de Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Gonzalo Guzmán Coraita.
Protección de menores de edad
El eje central del documento busca erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados. Se establece la prohibición absoluta de uso de estas plataformas para menores de edad en concordancia con las políticas de salud pública.
La normativa exige implementar campañas de concientización y sensibilización sobre los efectos del juego patológico. También se prevé la creación de estadísticas epidemiológicas para monitorear la problemática e identificar a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Regulación publicitaria
Uno de los puntos destacados es la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos autorizados. El texto prohíbe terminantemente la difusión de plataformas ilegales por cualquier medio de comunicación o servicio digital.
La publicidad permitida no podrá vincular las apuestas con el éxito personal o laboral ni sugerir aceptación social. Asimismo, los contenidos no deberán estar dirigidos a menores de edad ni promover el consumo de sustancias como alcohol o tabaco durante la participación.
Penas y sanciones
El proyecto introduce sanciones penales severas con prisión de tres a seis años para quienes operen sitios de apuestas sin autorización oficial. Esta medida alcanza a todas las modalidades de captación de apuestas fuera del marco legal.
Además, se establecen penas de dos a cuatro años para los prestadores de servicios financieros o tecnológicos que faciliten la explotación ilegal. Los medios de comunicación tendrán la obligación de verificar la autorización de los operadores antes de difundir cualquier tipo de anuncio.