El Gobierno de Bolivia convocó a una conversación constructiva con los manifestantes para mitigar la conflictividad social
La administración central del Estado Plurinacional de Bolivia realizó un llamado formal al debate dirigido a los tres frentes que llevan adelante las manifestaciones y los piquetes en las rutas vehiculares en reclamo de la dimisión del presidente Rodrigo Paz, en una iniciativa orientada a delinear una agenda común de labores y contener la agudización de las disputas civiles que repercuten en el territorio.
La vocería del ámbito presidencial, a cargo de José Luis Gálvez, comunicó a través de la señal televisiva oficial Bolivia Tv que el encuentro se encuentra programado para desarrollarse este domingo en las instalaciones de la sede gubernamental. El ofrecimiento formal está destinado a los representantes de la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y la Confederación de Mujeres Indígenas ‘Bartolina Sisa’.
“Todo (es) con el fin de entablar conversaciones, un diálogo productivo, para identificar las distintas necesidades que hay en la ciudad de El Alto (y) construir un plan de trabajo”, detalló el funcionario de Gobierno.
Reclamos sindicales y el despliegue de las fuerzas estatales de seguridad
El portavoz del Ejecutivo no aportó precisiones respecto a si el ofrecimiento de concertación comprende de igual manera a los miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), la cual se posiciona como la entidad gremial de mayor envergadura dentro de la nación.
La mencionada corporación de trabajadores sostiene catorce jornadas consecutivas de protestas en la vía pública, las cuales dieron inicio originalmente bajo la demanda de obtener una recomposición de los haberes salariales fijada en un 20%. No obstante, con el transcurrir de los días, dicha agrupación anexó a sus peticiones la exigencia de apartamiento del cargo del presidente Paz, un planteamiento inicialmente promovido por las bases campesinas que comandan las acciones de protesta.
Frente a este escenario, personal perteneciente a la Policía Boliviana de forma conjunta con efectivos de las Fuerzas Armadas concretaron durante la jornada de este sábado un despliegue operativo coordinado. La finalidad de la acción militar y policial consistió en liberar la circulación en los principales trazados camineros que enlazan a la urbe de La Paz, así como a la localidad colindante de El Alto, con los restantes distritos del país, buscando habilitar una vía de tránsito de emergencia de carácter humanitario para asegurar el desplazamiento de unidades vehiculares con cargamentos de carburantes y oxígeno de uso hospitalario, además de automóviles de uso particular que permanecían inmovilizados a causa de los piquetes.
Enfrentamientos en los accesos y estado de las tratativas sectoriales
La concreción de las tareas de despeje vial topó con la resistencia activa de los grupos movilizados en la periferia sur de La Paz y en el sector geográfico de Río Seco, emplazado en El Alto. Dichos manifestantes repelieron el avance estatal arrojando elementos contundentes y cartuchos de dinamita en respuesta a las detonaciones de gases de dispersión lacrimógena arrojados por los uniformados policiales y las dotaciones del Ejército.
La intervención de seguridad posibilitó la liberación en términos parciales de la carretera troncal que conecta la capital administrativa con la provincia de Oruro. Posteriormente, las autoridades ministeriales dispusieron el retiro de los agentes policiales y del personal militar del escenario de conflicto, fundamentando la decisión en la necesidad de evitar un escenario violento que derivase en un derramamiento de sangre entre los sectores en pugna.
En esa misma jornada, los representantes del Ejecutivo consiguieron refrendar un acta de acuerdo con los delegados del sector docente, tras culminar una sesión de debate que se extendió por varias horas en la localidad de Cochabamba, ubicada en la región central del mapa boliviano. Este colectivo de trabajadores de la educación se encontraba protagonizando jornadas de protesta desde hacía varios días, persiguiendo mejoras en las asignaciones salariales y la atención a otras demandas gremiales.
De manera paralela, el mandatario Paz encabezó una sesión de debate en la capital del país junto con los delegados pertenecientes a la Central Obrera Regional (COR) de la comuna de El Alto. Estas acciones se acoplan a los consensos alcanzados por la administración central en jornadas previas con los trabajadores mineros cooperativistas, sector que el anterior jueves había coordinado una marcha de protesta en la ciudad de La Paz que culminó en situaciones de violencia física frente a las dotaciones de la Policía.
Relevamiento de personas heridas y bajo condición de detención
El organismo de la Defensoría del Pueblo de Bolivia comunicó este sábado que las intervenciones de los cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas orientadas a remover los bloqueos carreteros en la jurisdicción de La Paz, sumado a los posteriores choques entre civiles y uniformados, arrojaron una cifra de 47 personas arrestadas y 5 heridos.
El titular de la entidad defensora, Pedro Callisaya, precisó en declaraciones a los medios periodísticos que, hacia el tramo final de la tarde, se constató la permanencia de 47 ciudadanos bajo arresto en las localidades vecinas de La Paz y El Alto. El funcionario remarcó que se procedió a efectuar un seguimiento de las condiciones de confinamiento de estos individuos, al tiempo que se arbitraron las medidas necesarias para garantizarles el patrocinio de profesionales pertenecientes al cuerpo de defensores oficiales.
Respecto al panorama de los lesionados, el ombudsman detalló que se tiene constancia de la existencia de cinco personas con afectaciones en sus estructuras oculares y en el área facial que requirieron asistencia por parte de profesionales de la salud, eludiendo aportar mayores elementos sobre las identidades o la gravedad de los cuadros clínicos.
De modo complementario, las delegaciones de la Defensoría constataron la existencia de episodios de violencia física y de trabas operativas que perjudicaron el normal desarrollo de las coberturas de los cronistas y trabajadores de los medios informativos en el lugar de los hechos. Ante estas circunstancias, Callisaya formuló un reclamo público enfocado en la imperiosa necesidad de resguardar y garantizar las condiciones laborales de los profesionales de la prensa.
Con información de EFE.