Crece el conflicto en Bolivia: seguidores de Evo Morales ocuparon un aeropuerto para impedir su arresto

Una masiva movilización de partidarios de Evo Morales llevó a cabo este sábado la ocupación de las instalaciones del aeropuerto de Chimoré, emplazado en la región del Trópico de Cochabamba, con la finalidad de obstaculizar la detención del presidente y dirigente agrario, quien se encuentra procesado por la Justicia y arrastra tres requerimientos de captura. La acción en el predio aeroportuario fue definida como una medida carente de violencia por parte del referente Teófilo Sánchez, desarrollándose en un contexto de profunda inestabilidad interna debido a múltiples cortes de ruta y disputas de poder en territorio boliviano.

La irrupción y permanencia en la terminal aérea responde directamente a la determinación de las agrupaciones movilizadas de resguardar a Evo Morales frente a la inminencia de un despliegue de seguridad orientado a su detención, derivado de causas penales por presunto estupro y trata de personas. De acuerdo con los testimonios de los coordinadores de la protesta, para las bases sociales resulta una prioridad absoluta blindar al mandatario, incluso bajo el riesgo de propiciar escenarios de confrontación o violencia física.

Pistas inoperables y el origen de los requerimientos judiciales

"Las bases han dicho, aquí vamos a defender a nuestro líder indiscutible aunque cuesten vidas, por eso ellos se concentraron y han tomado el aeropuerto de Chimoré", manifestó Sánchez en declaraciones reproducidas por el medio de comunicación regional El Deber. Con el propósito de inhabilitar por completo el funcionamiento de las pistas de aterrizaje, los manifestantes procedieron a diseminar troncos, piedras y diversos elementos contundentes a lo largo de toda la superficie de rodaje.

El presidente de la fuerza política afronta tres notificaciones de captura ligadas en su mayoría a una investigación penal por delitos de estupro y trata de personas. Dichas actuaciones en el plano judicial se desprenden de presentaciones legales referidas a acontecimientos presuntamente ocurridos durante el año 2015 en perjuicio de una persona menor de edad, de acuerdo con la información provista en los informes estatales.

La infraestructura aérea de Chimoré ya ha registrado intervenciones de similar naturaleza desde el estallido de la crisis institucional de noviembre del año 2019, período en el cual Morales optó por abandonar la nación. A lo largo de los últimos años, con particular énfasis durante la gestión gubernamental de Luis Arce que incluyó el desempeño de Eduardo Del Castillo al frente de la cartera del Ministerio de Gobierno entre 2024 y 2025, las agrupaciones de productores de coca del área de Chapare conservaron la ocupación de las dependencias aeroportuarias por lapsos extendidos de tiempo.

Conforme a las explicaciones brindadas por Sánchez, la determinación de ingresar al predio obedeció a reportes internos que daban cuenta de supuestos operativos coordinados desde el ámbito del Ejecutivo y por el presidente Rodrigo Paz para hacer efectiva la captura de Morales.

Impacto del desabastecimiento y muertes en las rutas

Los piquetes y bloqueos camineros coordinados por agrupaciones aliadas a Morales han generado el aislamiento total de la ciudad de La Paz por un lapso que ya alcanza las 16 jornadas consecutivas, provocando un severo déficit en la provisión de productos alimenticios esenciales, productos cárnicos, insumos médicos, carburantes y tubos de oxígeno destinados a los centros asistenciales. Como derivación directa de este escenario, al menos tres mujeres perdieron la vida debido a la imposibilidad de arribar a tiempo a los centros de salud para recibir asistencia médica de emergencia, según los datos que constan en los relevamientos del Estado.

Estas medidas de fuerza repercuten de igual manera en otros distritos geográficos del país, afectando a las zonas de Oruro, Santa Cruz y Cochabamba, lo que agrava la problemática social y restringe la distribución de bienes de primera necesidad. Por su parte, Morales argumenta de forma pública la existencia de una maniobra orientada a su detención en la que presuntamente interviene la agencia antidrogas estadounidense (DEA), rechazando de plano las versiones gubernamentales que señalan que las personas de su círculo cercano proveen fondos económicos o coordinan de forma directa las protestas en los trazados viales.

En el marco de la agudización de las disputas, continúan cruzándose imputaciones sobre conspiraciones y financiamientos de procedencia ilícita. Morales insiste en que se planifica una acción policial respaldada por organismos del extranjero para lograr su arresto, mientras que desde la administración central alertaron sobre la ejecución de un "plan macabro" abocado a romper la estabilidad institucional de la nación, el cual supuestamente contaría con el sustento económico de actividades ligadas al narcotráfico.

Sobre este punto, el portavoz de la presidencia, José Luis Gálvez, manifestó públicamente: "El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes", sindicando de modo directo a Morales y a sus sectores afines de perseguir el quiebre del sistema democrático. En contraposición, el líder cocalero desconoce de forma tajante cada uno de los cargos atribuidos y ratifica su reclamo de acceder a un proceso penal que encuadre en los parámetros legítimos de la ley.

Ataques contra trabajadores de prensa y detenciones masivas

Durante el desarrollo de los cortes de circulación y de las acciones estatales orientadas a rehabilitar el paso vehicular, trabajadores de distintos medios de comunicación e integrantes de la prensa escrita y televisiva resultaron víctimas de agresiones físicas y retenciones forzadas por parte de los sectores más duros de la protesta en áreas periféricas del sur de La Paz, específicamente en los poblados de Lipari y Huajchilla.

De la misma forma, las dotaciones destinadas a mantener el orden público y los reporteros apostados en el lugar fueron blanco de agresiones con cartuchos de dinamita y dispositivos explosivos de fabricación casera arrojados por los manifestantes. Pese a que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para dispersar la concentración, las características geográficas del espacio abierto disminuyeron la efectividad de la medida, lo que posibilitó que los manifestantes recuperaran el dominio de sectores viales clave en la carretera que enlaza La Paz con la región de Río Abajo.

En términos globales, el organismo de la Defensoría del Pueblo comunicó que la cifra de personas arrestadas durante la jornada del sábado ascendió a 57 individuos. Las aprehensiones se llevaron a cabo en el marco de procedimientos conjuntos de los que formaron parte más de 3.500 efectivos pertenecientes a la Policía y a las Fuerzas Armadas, con el propósito de remover los obstáculos en las rutas y restablecer el flujo de víveres y medicamentos. Los comités de seguimiento mantienen la observación activa de la situación ante la posibilidad latente de que se desencadenen nuevos incidentes o medidas de represalia.

A pesar de la multiplicación de las denuncias en los estrados judiciales y de la continuidad de las vías de comunicación interrumpidas, Morales persiste en su tesitura de demandar salvaguardas para su integridad y que se guarde respeto a sus garantías constitucionales de legítima defensa, en tanto la problemática general continúa generando severas consecuencias en la vida cotidiana de Bolivia.

Con información de Infobae.