Amenazas en escuelas de Chubut: padres de responsables enfrentarían multas millonarias
El avance en cuestión se fundamenta en la validez del artículo 1754 del Código Civil y Comercial. Esta normativa establece que la responsabilidad por los actos de los hijos recae directamente sobre sus progenitores, quienes ahora enfrentan consecuencias legales por las intimidaciones públicas registradas.
El enfoque gubernamental busca desplazar la sanción meramente escolar hacia el resarcimiento civil. De esta manera, el patrimonio familiar queda expuesto ante posibles multas millonarias o demandas por daños ocasionados por el uso indebido de tecnologías de la comunicación en la provincia.
El artículo 1754 del Código Civil y Comercial ya está siendo utilizado actualmente por diversos gobiernos provinciales y fiscalías en Argentina para reclamar el pago íntegro de los gastos operativos generados por delitos o actos ilícitos cometidos por menores. Bajo esta normativa, el Estado considera que los costos de movilizar a la policía, peritos y servicios de emergencia constituyen un daño patrimonial que los padres deben resarcir.
“Hay que desterrar la idea de que se amenaza y no pasa nada, más aún cuando se hace referencia al uso de armas o posibles ataques”, expresó el pasado domingo el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, insistiendo en que las pintadas aparecidas en escuelas “no pueden ser tomadas como una broma” y advirtió, tanto a los jóvenes como a sus padres, que “si se incumple la ley, hay consecuencias”.
Luego de realizarse 11 allanamientos en el territorio chubutense, las autoridades judiciales advirtieron un marcado desconocimiento familiar sobre la actividad digital de los adolescentes involucrados.
-Santa Fe: El gobierno provincial notificó a padres para que paguen sumas que superan los $6 millones de pesos por el costo de un solo operativo derivado de una amenaza falsa. El gobierno provincial ha fijado el costo estándar de cada operativo entre $5 y $7 millones de pesos.
-Buenos Aires: La Fiscalía General instruyó a los fiscales para que demanden civilmente a los padres de alumnos identificados en amenazas escolares, obligándolos a pagar los costos de seguridad y los daños causados. Se han aplicado sanciones de aproximadamente $3 millones de pesos a familias de alumnos que realizaron llamados anónimos
-Córdoba y Tucumán: Se han iniciado procedimientos administrativos y judiciales similares para cuantificar los recursos humanos y tecnológicos utilizados (patrulleros, brigadas de explosivos, personal policial distraído de otras tareas) y exigir su reembolso a los tutores legales. En Córdoba, se han registrado reclamos que van desde los $3,3 millones hasta casos extremos de $16,3 millones de pesos para operativos de gran escala con brigadas de explosivos y múltiples patrullas.
Si bien hasta la fecha de publicado este artículo no hay -ni se habla- de imputaciones formales, todo se encamina a la puesta en marcha de este sistema de "multas" para que las amenazas dentro de los establecimientos educativos no queden en un limbo donde no se definen responsabilidades legales.
Resultados de los allanamientos en Chubut
Durante los operativos realizados por las brigadas de investigaciones, se detectó un patrón común en los hogares intervenidos. Los padres manifestaron un desconocimiento absoluto sobre las maniobras que sus hijos realizaban en redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.
Esta desconexión entre la supervisión de los adultos y la actividad de los menores derivó en situaciones de vulnerabilidad legal para las familias. La justicia busca marcar un precedente sobre la importancia del control parental en el entorno doméstico para evitar la saturación del sistema de emergencias y de las fuerzas de seguridad.
Impacto en la comunidad educativa
Las amenazas afectaron el funcionamiento normal de los establecimientos debido al alto nivel de ausentismo y la preocupación de los padres. Iturrióz explicó previamente a la prensa que existen dos perfiles de tutores definidos: aquellos que colaboraron aportando pruebas de WhatsApp o TikTok, y quienes ignoraron los riesgos de la actividad digital.
En la localidad de Puerto Madryn, la justicia avanzó con la imputación de un menor, aunque no se ordenaron detenciones efectivas por la ausencia de riesgos procesales. Los adolescentes permanecen vinculados formalmente a las causas penales iniciadas por el Estado provincial bajo el cargo de intimidación pública.
Prevención y rastreo tecnológico
El Ministerio de Educación solicitó reducir la repercusión pública de estos episodios para evitar el denominado efecto contagio. Se aplican protocolos internacionales que sugieren no divulgar ciertas actividades delictivas para minimizar la imitación entre pares en las escuelas de la región.
La labor del área de Ciberseguridad resultó fundamental para rastrear el origen de las comunicaciones que generaron el caos en el sistema educativo. Las autoridades enfatizaron que el anonimato digital no garantiza impunidad y que el costo económico de estas acciones busca forzar una revisión profunda de los vínculos familiares.