2026-04-11

El caso que sacude a Comodoro

El Colegio de Abogados pidió el cese de los ataques contra los funcionarios judiciales tras la muerte de Ángel

En un clima de tensión social, el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia emitió este sábado un comunicado oficial tras el fallecimiento de Ángel, el niño de 4 años cuya muerte ha generado una ola de indignación pública.

La institución no solo exigió justicia por el menor, sino que también salió en defensa de las instituciones frente a la escalada de violencia contra los magistrados intervinientes.

Un pedido de justicia efectiva

El comunicado comienza expresando el "profundo dolor" que atraviesa la comunidad legal por el caso de Ángel. En este sentido, los profesionales del derecho realizaron un pedido formal a las autoridades pertinentes.

Al Ministerio Público Fiscal: Una investigación efectiva para esclarecer los hechos.

Al Poder Judicial: La determinación de responsabilidades penales y administrativas que correspondan de manera rigurosa.

El repudio a los escraches

Sin embargo, el eje central del documento fue la "honda preocupación" del Colegio ante los ataques sistemáticos dirigidos al Dr. Pablo Pérez, Juez de Familia, y a la Sra. Verónica Roldán, Asesora de Familia.

Comunicado oficial del organismo

Desde la institución denunciaron que los funcionarios han sido blanco de escraches violentos, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. "Si nuestra aspiración como sociedad es la convivencia pacífica y el respeto al Estado de Derecho, estas actitudes no pueden ser permitidas", advirtieron.

El llamado al orden institucional

El Colegio subrayó que, aunque el dolor social es comprensible, los reclamos deben seguir los canales legales establecidos.

"Hacemos un llamamiento a que los reclamos —por más legítimos que puedan ser— se canalicen por las vías correspondientes y respetando siempre el derecho de defensa y el principio de inocencia".

Con este mensaje, la abogacía local busca poner un freno a la justicia por mano propia —o digital— y exige que el proceso se resuelva dentro del marco de la ley, repudiando cualquier tipo de hostigamiento contra los operadores judiciales, independientemente de los cargos que ostenten.

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